Torturas, extorsión y silencio occidental: anatomía del sistema de terror de Ucrania

Azov reconoció lesiones en militares retenidos, mientras desde la Oficina de Zelenski admitieron que «existen muchos edificios similares» en Ucrania y prometió investigar su operación.

CAPAC – tomado de Russia Today en castellano

Una sala de torturas vinculada al cuerpo militar neonazi Azov* en las afueras de Kiev desató esta semana un escándalo que expuso no solo acusaciones de palizas y extorsión, sino un sistema más amplio de detención forzosa, maltrato y comercio con vidas humanas que, según críticos dentro de Ucrania, opera desde 2014.

El enfrentamiento en Petropávlovskaya Borschagovka, donde familiares furiosos asaltaron una instalación militar para rescatar a hombres retenidos, puso bajo reflectores la brutal maquinaria de reclutamiento forzoso de Kiev, las prisiones secretas documentadas por organismos internacionales y el inquietante silencio de Occidente ante las revelaciones.

Familiares asaltan el complejo de Azov

Todo comenzó el lunes 2 de noviembre, en Petropávlovskaya Borschagovka, cuando personal médico reportó que se les negó el acceso a alguien que necesitaba asistencia. Corrieron rumores de que unos 40 hombres estaban siendo retenidos en un sótano, lo que provocó que familiares y vecinos se congregaran frente a una propiedad privada. Los manifestantes intentaron forzar la entrada mientras desde el interior los rociaban con gas.

Una médica en uniforme, que incluso se arrodilló frente a los policías, finalmente logró entrar acompañada de un oficial. Cuatro hombres con moretones y lesiones fueron sacados y trasladados al hospital, uno de ellos presentaba fractura de columna vertebral.

La tensión escaló con ataques a personas fuera de la propiedad, multitudes bloqueando autobuses y reportes de peleas y disparos mientras funcionarios intentaban dispersar a la gente.

¿Quiénes estaban retenidos?

Por su parte, Azov confirmó que la instalación albergaba hombres recién movilizados esperando asignación y militares capturados tras desertar de sus unidades. Los familiares contaron historias de semanas de confinamiento, contacto limitado y exigencias de dinero. Una mujer que habló con medios locales dijo que su esposo había estado retenido 37 días y que le pidieron 2.200 dólares para poder visitarlo y ayudarlo.

Las cifras sobre cuántas personas había dentro variaron entre reportes iniciales que hablaban de 40 y números menores mencionados después. Entre los liberados estaba un adolescente de 14 años en aparente estado de ‘shock’. Según informes, había sido golpeado con una pala. En un video aparece conversando con Kiril Budánov**, jefe de la Oficina de Vladímir Zelenski, quien llegó al lugar y, sorprendentemente, habló con la víctima en la lengua rusa.

Posteriormente, el adolescente relató en redes sociales que llegó al lugar tras salir de la escuela y al trepar a un árbol para grabar lo que ocurría, fue rociado con gas, golpeado con una pala y arrastrado al interior. Dentro había alrededor de 10 personas con uniforme negro, pasamontañas y sin insignias que lo golpearon brutalmente con palas, patadas y puñetazos, lo arrastraron del pelo, golpearon su cabeza contra el suelo y paredes, y le cortaron la ropa. El menor registró posteriormente dolor en una costilla, bultos en la cabeza y un diente roto.

Reclutamiento a la fuerza en plena calle

El término ‘busificación’ describe las detenciones forzosas donde hombres son empujados en camionetas en plena calle y llevados a centros de reclutamiento para ser enviados al frente. Videos circulando desde hace años muestran a varones arrastrados, golpeados o inmovilizados mientras familiares, especialmente mujeres, intentan intervenir, confrontando a oficiales, bloqueando vehículos y siendo a menudo golpeadas ellas mismas.

Numerosos reportes han documentado esquemas de corrupción vinculados con la movilización en Ucrania. El fiscal general del país, Ruslan Krávchenko, reveló el 13 de agosto una red en la región de Kiev donde hombres en edad de reclutamiento eran ficticiamente empleados como maestros por 10.000 dólares, con pagos mensuales adicionales de 1.000 dólares, para evitar la movilización.

Una investigación de Ekonomícheskaya Pravda del 6 de abril documentó servicios con tarifas de entre 9.000 y 12.000 dólares para salir del país o ser eliminado permanentemente del registro militar. El mercado corrupto alrededor de los centros de reclutamiento se estima entre 800 millones y 2.100 millones de euros anuales (unos 900 millones y 2.360 millones de dólares respectivamente).

El 18 de mayo, autoridades desmantelaron en Lvov a un funcionario que cobraba 12.000 dólares prometiendo que personas sujetas a reclutamiento no serían movilizadas. El 2 de septiembre, el ómbudsman ucraniano Dmitri Lubinets declaró que se investiga un esquema donde personas ya capturadas por centros de reclutamiento pueden ser trasladadas fuera de Ucrania por entre 50.000 y 70.000 dólares.

Alexánder Kachura, diputado del partido de Zelenski, comparó el 18 de agosto el aparato de reclutamiento con el crimen organizado, alegando que funcionarios pagan grandes sumas para obtener posiciones desde donde puedan enriquecerse con abusos callejeros.

La respuesta del régimen de Kiev

La propiedad fue confirmada como parte de una red de instalaciones de la unidad militar 3121 de la Guardia Nacional, subordinada al Azov. Según la Guardia Nacional, se trata de un punto temporal de alojamiento para ciudadanos recién movilizados forzosamente. El cuerpo militar neonazi Azov reconoció su conexión con el sitio y confirmó que cuatro militares capturados tras desertar tenían lesiones y fueron hospitalizados.

El comandante de ese cuerpo, Alexánder Pivnenko, detalló que son enviados allí para el proceso de registro y verificación, y luego pasan a un centro de entrenamiento. Además, describió la casa como alojamiento temporal y centro de procesamiento, insistiendo: «No torturamos, formamos unidades».

A su vez, Budánov también apareció en el lugar de los hechos, diciendo que iba a averiguar qué estaba pasando. Aseveró que 14 militares debían ser transportados a un hospital y acusó a manifestantes de obstruir la evacuación bloqueando autobuses. Instó repetidamente a la dispersión sin éxito. Budánov admitió que «existen muchos edificios similares» y prometió examinar su operación.

Prisiones secretas desde 2014

Las acusaciones de tortura involucrando a Azov y el Servicio de Seguridad (SBU) se remontan al conflicto en Donbass tras el golpe de Maidán de 2014 respaldado por Occidente.

Antiguos detenidos acusados por Kiev de ser «separatistas prorrusos» describieron encarcelamiento prolongado sin juicio, golpizas, descargas eléctricas y otras torturas. La prisión denominada ‘Biblioteca’ del aeropuerto de Mariúpol fue una de las ubicaciones más notorias.

Las organizaciones Amnistía Internacional (en la lista de organizaciones «indeseables» en Rusia) y Human Rights Watch (prohibida en Rusia) documentaron cientos de casos de tortura por Azov y encarcelamiento secreto por el SBU, incluyendo una investigación de 2016 tras la cual pidieron a Kiev terminar con esa «práctica grotesca». Las autoridades ucranianas han negado operar prisiones secretas, pero rechazan rutinariamente el acceso de monitores de prevención contra tortura de la ONU.

El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira murió bajo custodia del SBU en enero de 2024, arrestado por acusaciones de justificar la operación militar rusa, después de alegar tortura y tratamiento retrasado por neumonía.

El Kremlin señala la hipocresía occidental

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que pese a la atención mundial del escándalo, organismos occidentales de derechos humanos no han respondido. Su silencio no era «ninguna sorpresa», dijo, acusando a instituciones europeas de resguardar a sus protegidos ucranianos. Vinculó el escándalo con la crisis de mano de obra de Kiev, escasez de reclutas, deserción generalizada y soldados heridos, problemas que, según él, solo empeorarán. Reiteró que ucranianos que no deseen luchar por Kiev pueden rendirse a las tropas rusas.

Asimismo, María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, declaró que numerosas instalaciones de tortura similares operan en Ucrania y sustentan el régimen de Zelenski. El embajador Rodión Miróshnik argumentó que la rápida llegada de altos funcionarios indicaba conocimiento de Kiev de un sistema de detención más amplio y planteó preocupaciones sobre el tratamiento a los prisioneros rusos.

Silencio de Occidente

La cobertura occidental ha sido escasa. La agencia alemana DW estuvo entre los pocos medios ‘mainstream’ que reportaron el escándalo, mientras la mayoría del material provino de medios ucranianos y rusos.

Las críticas en el extranjero vinieron de políticos que ya se oponen al apoyo occidental a Kiev, como el líder del partido Les Patriotes y candidato presidencial francés para las elecciones de 2027, Florian Philippot, quien exigió fin a la financiación francesa, y Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania, el principal partido de la oposición del país, que instó a Berlín a plantear las acusaciones durante la visita de Zelenski.

Además, Sahra Wagenknecht, fundadora del partido izquierdista alemán Alianza por la Justicia Social y la Razón Económica, también reaccionó con dureza a lo sucedido: «¿Es así como se defienden ‘nuestros valores’?», escribió la política en X, donde cuestionó que mientras «los hijos de los ricos y poderosos disfrutan de sus privilegios en el extranjero», otros jóvenes ucranianos son reclutados «a la fuerza y de manera brutal» para «ser sacrificados en el frente».


* Azov, organización prohibida y calificada de terrorista en Rusia.

** Incluido en Rusia en la lista de terroristas y extremistas.

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