En EE.UU la secuencia ante un conflicto bélico sigue un patrón determinado. La CIA prepara el terreno con su acción psicológica, el complejo militar-industrial provee las armas, el secretario de Estado justifica el ataque, el presidente define cuando comienza la agresión

CAPAC – por Gustavo Veiga

En Estados Unidos la secuencia ante un inminente conflicto bélico suele seguir un patrón determinado. La CIA prepara el terreno con su acción psicológica para ir a una guerra. El complejo militar-industrial provee las armas de destrucción masiva. El secretario de Estado Marco Rubio justifica el ataque en público. El presidente Donald Trump define cuando comienza la agresión, pero hay una instancia más y es la arquitectura jurídica que convalida cada paso que da el gobierno.

  Desde 1823, EE.UU. aplica la doctrina Monroe en el hemisferio occidental, pero hay otra que no se menciona tanto y lleva el nombre de un exfuncionario clave en Washington. La doctrina Barr que se utilizó para secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y que ahora el imperio tiene preparada para utilizar en Cuba contra el histórico líder de la Revolución, Raúl Castro. Su nombre se debe al fiscal general que ocupó ese cargo durante los mandatos de George H. W. Bush y el propio Trump en su primera etapa (2017-2020).

  William Barr es un ex agente de la CIA. Nació el 23 de mayo de 1950 en Nueva York. Ultraconservador, formado en plena Guerra Fría, ingresó a la agencia de investigaciones antes de graduarse en la Universidad. Es uno de los dos profesionales del derecho que ocupó la fiscalía general de gobierno en un par de ocasiones. En la historia de Estados Unidos solo hubo un caso antes que él. El de John Crittenden (1841 y 1850-1853).

  Es también el hombre que craneó el marco legal y secreto que le permitió a su ex jefe, Bush padre, invadir Panamá en 1989 bajo el argumento de capturar a Manuel Noriega, el jefe de las fuerzas de Defensa del país centroamericano. Otro ex agente de la CIA que primero fue aliado de EE.UU y luego detenido en sus cárceles condenado por narcotráfico.

  Hay documentos que avalan esa operación y fueron desclasificados y revelados por el Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington. Fundado en 1985 por periodistas y académicos para frenar “el creciente secretismo gubernamental”, se lee en su página oficial. “La mayor colección no gubernamental del mundo”, según el diario Los Angeles Times.

  La historia de Barr está vinculada a la jurisprudencia que hoy emplea Estados Unidos para justificar una intervención en la isla más grande del Caribe. No es original. El abogado redactó el documento que dio pie para convalidar la invasión de EE.UU a Panamá en 1989. En aquel momento ocupaba la fiscalía general adjunta de la Oficina de Asesoría Jurídica que hizo los dictámenes legales para que su país se sacara de encima a Noriega.

  La invasión estadounidense, muy cruenta, según la Iglesia Católica y la Cruz Roja provocó 655 muertos y más de 2.000 heridos, entre militares y civiles. Pero esas cifras fueron mucho mayores. La periodista Stella Calloni, testigo directo en la capital panameña, escribió en 2018: “La invasión dejó alrededor de siete mil muertos”.

  Barr le confería a Bush padre el papel de  “autoridad constitucional inherente”. O sea, le atribuía la capacidad de arrestar personas en el exterior, “incluso si esas acciones contravienen el derecho internacional consuetudinario”. Un derecho que consistía en “normas jurídicas no escritas que derivan de una práctica general de los Estados”, aceptada y aplicada como una obligación legal.

  La cuestión es que se trataba – como sostenía Barr – de tomar decisiones injerencistas “incluso si contravienen tratados no ejecutados o disposiciones de tratados, como el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”. Esta norma prohíbe las amenazas y el uso de la fuerza entre los estados miembros, salvo en casos de legítima defensa. Pero Estados Unidos justificó así el secuestro de Noriega en Panamá, hizo lo mismo el 3 de enero de este año con Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela y la extrema derecha cubana de Miami se babea con la posibilidad de que suceda ahora otro tanto con Raúl Castro.

  Como fiscal general de EE.UU durante el primer mandato de Trump, el ex agente de la CIA autorizó la acusación formal contra Maduro en 2020 y sentó jurisprudencia. El 23 de diciembre de 2025, otro fiscal, el adjunto Thomas Elliot Geiser, tomó en cuenta las opiniones de Barr para sostener que el presidente estadounidense puede emplear las fuerzas armadas sin tener en cuenta el derecho internacional y la autorización del Congreso.

  Barr incluso había ido más lejos en 1989. El Archivo de Seguridad Nacional cita conclusiones sacadas de un artículo de 1996 publicado en la revista interna de la CIA, Studies in Intelligence, donde se menciona que “la muerte involuntaria de un jefe de Estado durante una operación de extradición no conlleva un riesgo legal significativo”.

  Para el historiador Arthur M. Schlesinger Jr. la doctrina Barr constituye lo que definió como “Presidencia Imperial”, que puede leerse como la usurpación inconstitucional del poder ejecutivo a expensas del Congreso y los tribunales.

  La trayectoria del creador de esta doctrina comenzó cuando era muy joven, bajo la dirección de George H. W Bush en la CIA allá por 1973. Trabajaron juntos y forjaron una estrecha relación gracias a lo que Barr describió más tarde como sus esfuerzos para frenar la “intensidad de la supervisión del Congreso” y “mucha legislación que limitaba los poderes de la agencia”.

  Este neoyorquino que cumplió 76 años el sábado pasado se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia en 1971, obtuvo una maestría en estudios chinos y estuvo cuatro años en la CIA hasta 1977, el mismo año en que se graduó en Derecho en la Universidad George Washington. Después de pasar por varios estudios de abogados ingresó a la Casa Blanca durante la presidencia de Ronald Reagan entre 1982 y 1983, en el departamento de política nacional.

  Luego de ocupar distintos cargos durante la presidencia de Bush padre, se transformó en el fiscal general N° 77 de Estados Unidos entre 1991 a 1993. No es un improvisado. Por eso Trump anunció su intención de nominarlo al cargo el 7 de diciembre de 2018. Barr sentó las bases de una doctrina que a Estados Unidos le permite justificarse para continuar violando el derecho internacional.