Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos anuló un fallo superior a 400 millones de dólares de multa a cuatro compañías de cruceros bajo la arbitraria acusación de “tráfico de bienes confiscados” en Cuba.

CAPAC – fuente Prensa Latina

En 2022, la jueza de distrito Beth Bloom ordenó a las importantes líneas de cruceros con vínculos en el sur de Florida Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises pagar 439 millones de dólares, más honorarios y costas de abogados por una arbitraria acusación que tiene su base en el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

La sentencia entonces fue la primera de su tipo en virtud de una disposición clave, conocida como Título III, de la Ley Helms-Burton -que codifica el bloqueo- que permite a antiguos propietarios de bienes en la isla reclamar sobre propiedades nacionalizadas por el Gobierno revolucionario demandar a quienes -dicen- se benefician del uso comercial de ellas.

El Título III fue suspendido por cada ocupante del Despacho Oval desde que William Clinton firmó la ley en 1996 hasta que Donald Trump levantó esa pausa en 2019 durante su mandato.

La decisión 2-1 la víspera en el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito con sede en Atlanta tiró al piso el veredicto de la jueza miamense en una demanda que perseguía el “turismo prohibido” y “actividades de tráfico” al transportar pasajeros a Cuba y utilizar los muelles de las instalaciones de la nacionalizada (en 1960) empresa estadounidense Havana Docks.

Una declaración conjunta de MSC Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean Group subrayó que estaban «satisfechos con la decisión” y agradecieron “por su minuciosa consideración del caso».

En la opinión mayoritaria, el juez principal William Pryor y el juez Adalberto Jordan dictaminaron que, aunque Havana Docks tiene una reclamación por la pérdida del muelle y las instalaciones y sus derechos para explotarlas, no tenía “ningún derecho de propiedad absoluta sobre ninguna propiedad inmobiliaria en el Puerto de La Habana”.

El pasado 12 de marzo, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que la Ley Helms-Burton codifica el bloqueo y es una agresión económica del Gobierno de Estados Unidos contra su país, a escala internacional y de modo abarcador.

En su cuenta en la red social X, Rodríguez escribió que el criminal castigo que impone esa legislación a las familias cubanas viola los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, además evidencia el fracaso de la política estadounidense hacia la Revolución.

Las secciones tercera y cuarta de la Ley Helms-Burton se mantuvieron inactivas hasta hace un lustro, cuando Trump autorizó su puesta en práctica como parte de su política de máxima presión hacia Cuba y un escollo más para imposibilitar el camino de la normalización entre La Habana y Washington.