Un informe que utilizó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue entregado   por la Comisión designada por la propia ONU presidida por Argentina en la figura del embajador Federico Villegas para  investigar    la presunta violación de los derechos humanos  por las tropas rusas en Ucrania, a pedido del presidente  Volodimir Zelenky, en marzo pasado  pero el documento  entregado a fines de septiembre debería ser impugnado por  parcialidad.

CAPAC – por Stella Calloni

En este aspecto es necesario recordar que el gobierno argentino apoyó desde un principio a Ucrania, a pesar de que  debería mantener la política de neutralidad que siempre nos caracterizó. De hecho el informe es parcial.

La Comisión de investigación sobre los presuntos crímenes de las tropas rusas,  encabezada por Villegas nombró  a los expertos Erik Møse de Noruega,  Jasminka Džumhur, de Bosnia y Herzegovina y Pablo de Greiff, de Colombia, como los tres miembros supuestamente “independientes”, en un listado sugerido para esta tarea por la misma ONU.

La resolución  para formar esta Comisión fue  tomada entre el 1 y el 4 de marzo de 2022, después de un “debate urgente”  destinada a “investigar todas las supuestas violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario y delitos conexos en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa” tomando sólo la denuncia de Zelensky y testimonios  avalados por los  neonazis.

Los comisionados,  que visitaron Ucrania en junio pasado sostienen que “reunieron  pruebas de ejecuciones, torturas, malos tratos y violencia sexual, que han presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por lo cual se concluye que Rusia “se han cometido crímenes de guerra en Ucrania”.

Mencionan “un gran número de ejecuciones y otras violaciones por parte de las fuerzas rusas, y “la Comisión recibió relatos constantes de tortura y malos tratos», como figura en la presentación de su informe al Consejo de Derechos Humanos.

Los tres integrantes de la Comisión “visitaron la región  de Kyiv, Chernihiv, Kharkiv y Sumy, donde se produjeron las denuncias más graves contra las fuerzas rusas,  o supuestamente respaldado  por ellas, al principio de la guerra.”

El presidente de la Comisión, Erik Møse, dijo que los investigadores visitaron 27 ciudades y asentamientos y entrevistaron a más de 150 víctimas y testigos. También inspeccionaron «lugares destruidos, tumbas, centros de detención y tortura», así como restos de armas.

«Sobre la base de las pruebas reunidas hasta ahora durante la existencia de la Comisión, después de haber realizado las investigaciones en estos cuatro ámbitos que acabamos de mencionar, constatamos que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania», declaró a los periodistas en Ginebra.

Esta conclusión coincide con las publicadas a principios de este año por la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU) sobre  asesinatos ilegales -incluidas ejecuciones sumarias de civiles- por parte de las fuerzas armadas rusas mientras controlaban estas zonas a finales de febrero y marzo.

Otras conclusiones  del informe incluyen el sorprendente «gran número de ejecuciones» en 16 ciudades y asentamientos, donde los «elementos comunes» de los crímenes incluían «signos visibles de ejecuciones en los cuerpos, como manos atadas a la espalda, heridas de bala en la cabeza y gargantas cortadas».

Inclusive han llegado a sus límites cuando se refieren a Bucha donde el 6 de abril seis días después de la retirada de las tropas rusas aparecieron  una cantidad de cadáveres (más de 500, ahora sumarían un millar) la mayoría con las manos atadas atrás, con signos de torturas, dispuestos como en un escenario armado.

Periodistas que observaron los cadáveres  advertían que habían sido  sacados de algún lugar, que definieron como “los sótanos de los batallones nazis” algunos degollados, víctimas de torturas y aún con el brazalete que los identificaba como rusos,  y plantearon las sospechas de que el escenario había sido armado en la semana siguiente a la salida de las tropas rusas, con la finalidad de acusar a la federación rusa de “crímenes de guerra”.

De inmediato cuando se conoció esa situación, el mismo 6 de abril el presidente de  Rusia, Vladimir Putin, calificó como una “provocación grosera y cínica” de las autoridades ucranianas el descubrimiento de cadáveres de civiles” en la ciudad de Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas.

Ucrania, Estados Unidos y sus asociados pidieron que se juzgue a los responsables por crímenes de guerra: según ellos los rusos.

Se equiparó esto a las imágenes difundidas de esa ciudad ucraniana “con las que llegaron en su momento desde la ciudad bosnia de Srebrenica, reconocidas internacionalmente como genocidio y crímenes de guerra”.

Lo cierto es que esto también es parte de investigaciones actuales  ya que lo sucedido en esa ciudad de Bosnia dejó enormes dudas, como otros de los argumentos creados, que ha utilizado la OTAN y sus principales jefes, “el terceto de la muerte” que conforman Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, aunque hay más socios obedientes  en el esquema atlantista.   

En tanto en el informe   entregado al Consejo de Derechos Humanos también mencionan cómo las fuerzas de la Federación Rusa utilizaron armas explosivas, «sin distinguir entre civiles y combatientes en zonas pobladas».

“La  Comisión sostiene que investigó casos de violencia sexual de género. Según la Comisaria Jasminka Džumhur “algunos soldados de la Federación Rusa cometieron este tipo de delitos».

Como para justificar su parcialidad  el comisionado Pablo de Greif sostuvo que «hemos encontrado DOS CASOS  de malos tratos a soldados de la Federación Rusa por parte de soldados ucranianos, y lo mencionamos en nuestra declaración”. “Obviamente, hemos encontrado un número significativamente mayor de casos que equivalen a crímenes de guerra por parte de la Federación Rusa».

La verdad es que   sólo han tomado testimonio a quienes se les indicó hacerlos, a pesar de las graves denuncias por asesinatos, torturas y desapariciones forzadas que se produjeron, tanto en Kiev la capital como en otros lugares a partir del golpe de 2014 que derivaría en el gobierno de Volodimir Zelensky curiosamente un judío ucraniano, protector de nazis.

En el informe de la ONU no hay  referencias al genocidio producido por los continuos bombardeos a las repúblicas declaradas  independientes como el Donetsk y Lugansk  en el Dombass, con mayoría de población rusa, amenazada por una política de exterminio que aplicó el gobierno de Zelensky durante ocho años,(2014- 2022).

Sigue haciéndolo ahora a pesar de los casi 20 mil muertos tanto en Donestk como en Lugansk  entre ellos niños, destruyendo  escuelas, hospitales, barrios y con la actuación  de los mercenarios del  batallón Azov, integrado por nazis confesos  y otros batallones de la misma ideología que  incorporados al ejército ucraniano, cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población. 

La conclusión de los comisionados nada dice de esto pero si  coincide con las publicadas a principios de este año por la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU).

El informe, entregado al Consejo de Derechos Humanos, “también explica  cómo las fuerzas de la Federación Rusa utilizaron armas explosivas, «sin distinguir entre civiles y combatientes en zonas pobladas».

La ONU solicitó en marzo un informe  oral sobre los procesos de  la investigación en septiembre de 2022 y por escrito las conclusiones a finales en marzo de  2023, y  se determinó que se compaginaría “con el cronograma de trabajo  de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien debía rendirle al citado Consejo “actualizaciones orales” en la misma fecha  que lo hará la Comisión investigadora.

De acuerdo a esta decisión Bachelet  ya había adelantado  en marzo pasado  “la mayoría de las bajas ‘parecen ser atribuidas a  fuerzas armadas rusas o grupo afines” y también se considerará un  monitoreo realizado por “personal  a su cargo dentro de Ucrania”,.

Las denuncias recogidas por Bachelet hablan del  “alarmante número de víctimas civiles causadas por la agresión contra Ucrania” mediante “ataques” contra personas “y objetos civiles, incluidos” los que afectan “zonas residenciales, escuelas, jardines de infantes e instalaciones médicas, y los realizados mediante el uso de municiones de racimo, los ataques aéreos y la artillería”, con “traslados forzados” de la población, o las violaciones y los abusos cometidos contra los niños”.

Los comisionados sólo fueron a Ucrania para ratificar estos “adelantos” de Bachelet, que en ningún momento se refiere al genocidio sostenido durante ochos años contra las población rusa del Dombass, ni la fama de Ucrania como un país de mafias y neonazis. Había que acusar a Rusia  y lo demás ya estaba escrito. 

Rusia nunca usó municiones de racimos  y cuando bombardearon escuelas, estas estaban bajo control de los batallones nazis, como   lo advierten los registros públicos al hablar sobre las estrategias  de los mercenarios tomando mercados o escuelas como trinchera de combate, además de usar a la población como escudos. Así lo hicieron en todas partes, a sabiendas que Rusia nunca se propuso  invadir a Ucrania para apoderarse de ese país, sino para salvar al pueblo ruso de quedar en manos de los nazis confesos públicamente.

Todo  fue filmado no sólo por Rusia, sino también por documentalistas y periodistas, que se jugaron la vida para registrar la realidad  que la censura mundial impuesta por Estados Unidos  había silenciado.

Es el caso del cineasta Oliver Stone, en su documental muestra la Ucrania que precedió al lanzamiento de  la operación militar rusa y fue retirado de las redes, como las denuncias de  otros periodistas incluso de Francia  que filmaron los crímenes cometidos por los bombardeos  y los batallones nazis en  las repúblicas independientes del Dombass y  nunca pudieron publicarlas por la complicidad de los sumisos gobernantes europeos. .

Con respecto a los informes son similares a otros en distintos momentos de la historia  donde la orden es acusar a la víctima, como victimario. El gran escritor uruguayo Eduardo Galeano (ya fallecido)  en su libro tan actual; “Patas arriba: la escuela del mundo al revés”, recordó una historia repetida tantas veces en un recuadro en la página 292 de la edición uruguaya de ese libro donde se refiere a “La era de la información”,

Relata que “en vísperas de la navidad de 1989 pudimos todos contemplar el más horrendo testimonio de las matanzas de (Nicolás) Ceasescu en Rumania” quien según la televisión, “había liquidado a cuatro mil “disidentes”  en la ciudad de Timisoara. Vimos muchos de esos cadáveres,   “gracias a la difusión mundial de la televisión” y gracias al (supuesto) ‘buen trabajo de las agencias internacionales que nutren de imágenes a los diarios y a las revistas’ vimos hileras de muertos, deformados por la tortura, estremeciendo  al mundo”.

“Después, algunos diarios publicaron la rectificación,  que pocos leyeron. Aquellas imágenes espeluznantes no habían sido más que una puesta en escena. Los cadáveres no tenían nada que ver con la historia, y no habían sido deformados por la tortura, sino por el paso del tiempo: los fabricantes de noticias  los habían desenterrado de un cementerio y los habían puesto a posar ante las cámaras.” 

Esto fue denunciado ante organismos humanitarios, pero nadie dijo nada. Ayer como hoy la mentira o el silencio de los organismos internacionales es también un crimen de lesa humanidad.