“Nos sentirnos orgullosos del pueblo que salió a dar pelea en las calles y en cada rincón del país” dijo Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. En Uruguay se superó con holgura el piso de adhesiones mínimas, 675 mil o su equivalente al 25 % del padrón electoral. Dura derrota política para el presidente Lacalle Pou.

CAPAC – por Gustavo Veiga – Derribando Muros

“Nos sentirnos orgullosos del pueblo que salió a dar pelea en las calles y en cada rincón del país” dijo Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. En Uruguay se superó con holgura el piso de adhesiones mínimas, 675 mil o su equivalente al 25 % del padrón electoral. Dura derrota política para el presidente.

 Desde abajo y en sus calles, Uruguay ya vive  tiempos de referéndum. La gente de a pie, sectores  políticos y sociales, sindicatos, espacios culturales y deportivos, desde Montevideo y Punta del Este a Rivera y Paysandú, juntaron las firmas necesarias para convocar a una consulta popular que derogue 135 artículos de la desprestigiada Ley de Urgente Consideración (LUC). La norma aprobada en el Congreso el 8 de julio de 2020 es casi una herramienta fetiche con la que el presidente Luis Lacalle Pou ya había empezado a cambiarles la vida a sus conciudadanos.

Ahora deberá pasar por el control popular. Se superó con holgura el piso de adhesiones mínimas – 675 mil o su equivalente al 25 por ciento del padrón electoral – y se entregaron un día antes del plazo requerido, este 9 de julio. La lógica matemática indicaba que era un teorema complejo que parecía irrealizable. Pero no fue así. Y menos para quienes con su militancia y compromiso decidieron tomar la tarea en sus manos.

  El 22 de junio pasado, hace 16 días, se habían alcanzado las 572.551 firmas – como reflejó este periodista en otro artículo – y todavía parecía lejana la meta deseada: reunir la cuarta parte del padrón para despejar el camino al referéndum. Entre aquella cifra y la que finalmente se consiguió juntar, 796.526 -según le confirmó a Página/12 el representante por Montevideo en el Plenario del Frente Amplio, Manuel Ferrer – hubo una diferencia de 223.975 firmas. O sea, en poco más de dos semanas se obtuvieron unas 13.998 adhesiones diarias.

  Un esfuerzo que significó para Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, la central de trabajadores uruguayos “sentirnos orgullosos del pueblo que salió a dar pelea en las calles y en cada rincón del país, dejando el alma, con el alcohol en gel en las carteritas y repartiendo más de 6 millones de ejemplares del material realizado por la Comisión Nacional Pro-Referéndum”.

   El dirigente gremial, desde la ciudad de Las Piedras, dijo además que “no fue una campaña de slogans, con mensajes como ‘no al neoliberalismo, no al gobierno’ y sí con fundamentos, con información”. Pereira había llamado al movimiento para juntar firmas “la rebelión de las lápiceras y las almohadillas” en los días más intensos de la acción ciudadana. Y es que el trámite de recolección fue engorroso. Se requería para participar, presentar la credencial cívica, figurar en el padrón, firmar la papeleta oficial y tomarse las huellas digitales. Pero también, ante cualquier problema que surgiera para convalidar esos datos, había que escribir con lápiz en el reverso del comprobante, el teléfono del firmante que sería contactado si se produjera una anulación de su apoyo al referéndum.

   La satisfacción por el resultado obtenido en la campaña se reflejó en las redes sociales, en las entrevistas a los dirigentes del Frente Amplio, en las memes, en cada mensaje sobre las 796.526 firmas entregadas ante la Corte Electoral. Hasta ahí llegó la militancia del Frente Amplio que encabezó su presidente Javier Miranda, con una urna en andas. En ese lugar se hará el recuento de firmas y su posterior convalidación.

  El segundo capítulo de esta gesta empezará cuando los nueve miembros de la Corte definan si se cumplieron los requisitos para someter a consulta los 135 artículos más polémicos de la LUC. El gobierno de Lacalle Pou –una alianza de cinco partidos de derecha -tiene mayoría con cinco integrantes contra cuatro del Frente Amplio.

   La Ley de Urgente Consideración es una herramienta constitucional establecida en la reforma de 1967 que no ha sido demasiado utilizada por los diferentes jefes de Estado. Se aprobó con el voto de 18 sobre 30 senadores el 8 de julio del año pasado. La LUC “modificó 220 leyes y es un abuso de poder” le había dicho a Derribando Muros hace un par de semanas el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el FA, Alejandro Sánchez. Convertida en una norma multipropósito que ya se hace sentir en la sociedad, tiene una matriz de ajuste económico, represión institucional más activa y degrada a la educación pública. Una de las consecuencias que ya se percibe en los meses que lleva vigente, es el acortamiento del plazo para los desalojos. Ahora se redujo a 30 días y ya “hay niños viviendo en carpas”, describió el ingeniero Ferrer desde Montevideo.

  En Buenos Aires, a la otra orilla del Río de la Plata, las principales centrales sindicales adhirieron a la campaña pro-referéndum. La colectividad uruguaya en la Argentina es la más grande del mundo y juntó miles de firmas. Entre los tantos mensajes que circularon en redes sociales hubo uno que sintetizaba el estado de ánimo de los uruguayos que militaron la consulta popular. Se ve una fotografía de su presidente y un encabezado que dice: “Si será buena la militancia de la izquierda que la recolección de firmas contra los 135 artículos de la LUC ya superó el número de votantes de @LuisLacallePou: 29,77 por ciento, 645.189”. Se refería a los guarismos obtenidos en las Primarias de 2019 donde obtuvo el pase al ballotage diez puntos por debajo de Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio.

  La oposición que liberó el camino hacia el referéndum avanza ahora por la derogación de 135 artículos de lo que el presidente llamó “un instrumento necesario, justo y popular”. Para una porción considerable del pueblo uruguayo, la LUC está muy lejos de parecerse a eso.