Las organizaciones sindicales, sociales y políticas tomaron las calles oponiéndose a las intenciones del ejecutivo de acordar un plan con el FMI, que implica ajustes sobre el pueblo y privatizaciones.

CAPAC – fuente La Vanguardia

Las protestas contra un eventual acuerdo del Gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares cumplen este martes siete días, mientras que no hay un diálogo a la vista entre las autoridades y el grupo que organiza las manifestaciones.

Este martes permanecen bloqueos en medio centenar de puntos de carreteras estratégicas en todo el país, que ha sido la estrategia del grupo llamado «Movimiento Rescate Nacional», encabezado por el excandidato presidencial y exdiputado, José Miguel Corrales, y el exdiputado Célimo Guido.

Este grupo envió el lunes una carta al Gobierno en la que establece requisitos para sentarse a dialogar como por ejemplo, que el presidente descarte por completo y por escrito acudir al Fondo Monetario Internacional en lo que resta de su mandato, que no contemple la venta de activos estatales ni más impuestos.

Además, este grupo exige una mesa bilateral, con la presencia de un garante la Iglesia Católica, que el sitio de reunión no sea la Casa Presidencial, que la negociación tenga presencia de la prensa y que no haya consecuencias penales ni sanciones de otro tipo contra los manifestantes.

LLAMADOS AL DIÁLOGO

El Gobierno aún no ha respondido directamente a ese movimiento, pero este martes el presidente, Carlos Alvarado, anunció las primeras mesas de diálogo y aseguró que solo conversará con sectores que «respalden las vías institucionales».

«Es momento de que las diferentes voces que creen en la democracia y aman este país, se pronuncien», expresó el mandatario

Alvarado emitió el domingo una cadena nacional en la que descartó la propuesta inicial que planeaba presentar al FMI, la cual contemplaba aumento de impuestos y la venta de dos activos estatales.

Este martes el presidente comenzó con esos diálogos, pero sufrió un traspié, pues los representantes del Movimiento Solidarista no se hicieron presentes a la reunión, pues consideran que este proceso debe ser multisectorial y no bilateral.

Sí están confirmadas las otras dos citas para este martes con representantes de cooperativas y con los presidentes de los supremos poderes del Estado.

SINDICATOS SE MANIFIESTAN

Diversos sindicatos efectuaron una marcha en San José este martes para expresar su rechazo a la negociación con el FMI.

El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, dijo a EFE que los sindicatos exigen «una salida nacional a la crisis fiscal sin el FMI» y acusó al presidente Alvarado de «desconocer la envergadura del movimiento y la interlocución legítima de quienes lo han promovido».

«Alvarado no cree en el dialogo, es un mentiroso, él cree en el autoritarismo y la imposición y le gusta dialogar con la gente que le dice sí a todo», aseveró.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, explicó que el movimiento sindical ha venido defendiendo una agenda propia desde hace meses para que el Gobierno no impulse proyectos contra trabajadores y las familias.

«Han recargado (de impuestos) a la clase trabajadora y no están tocando al gran capital. Exigimos una mesa de diálogo para construir conjuntamente con todos los sectores las propuestas más viables que resuelvan los problemas económicos sin entregarle las instituciones al Fondo Monetario Internacional», afirmó Díaz.

DENUNCIAN A ORGANIZADORES DE PROTESTAS

Un abogado identificado como Carlos Valenciano acudió este martes a la Fiscalía para interponer una denuncia contra José Miguel Corrales y Célimo Guido como líderes del Movimiento Rescate Nacional y promotores de las protestas.

Este ciudadano denunció a los dos dirigentes por los delitos de instigación pública, obstrucción de servicios públicos y obstrucción de vía pública, a raíz de los bloqueos de carreteras que desde el pasado miércoles afectan al país.

Los bloqueos han causado afectaciones a la producción agrícola, lechera, las exportaciones, el transporte público, el comercio internacional, el turismo y otras actividades económicas en momentos en el que los empresarios intentan reactivarse en medio de la pandemia de la COVID-19.

NÚMEROS EN ROJO

Costa Rica cerrará 2020 con un déficit fiscal del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB), una deuda acumulada cercana al 70 % del PIB y una caída económica del 5 %, según las proyecciones oficiales.

El Gobierno planteó como un paliativo a la situación la negociación del acuerdo con el FMI, pero este era rechazado por sectores políticos, productivos y sociales porque el 80 % de la propuesta estaba basada en impuestos

La iniciativa pretendía crear la renta global y un impuesto a las transacciones bancarias, y además aumentaba el de la renta y el de los bienes inmuebles.

El restante 20 % correspondía a recortes del gasto público mediante la fusión de instituciones y la venta de dos activos: la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica.

Esta iniciativa apareció a menos de dos años de que el Congreso aprobó una polémica reforma tributaria impulsada por el Gobierno.