Fiscalía de Guatemala solicita retirar inmunidad a presidente electo
La Fiscalía de Guatemala presentó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pedido para retirarle la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, quien denuncia ser víctima de un «golpe de Estado en curso» para evitar que asuma el poder el próximo 14 de enero.
CAPAC.- tomado de Telesur
El Ministerio Público involucró el jueves a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, en una investigación por daños en la ocupación de la universidad estatal de San Carlos en 2022.
Asimismo, anunció que pediría retirarles la inmunidad que les otorga su condición de electos para procesarlos penalmente.
La Fiscalía indicó en la red social X que presentó «seis solicitudes para el trámite de las diligencias de retiro de antejuicio en contra de seis personas».
El listado es encabezado por Arévalo y Herrera junto a un diputado actual y uno electo de su partido Semilla, además de otros dos congresistas opositores. La medida fue rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Fiscalía agregó a la lista de delitos con los que señala al presidente electo «usurpación agravada» y «sedición». Esta incluye «depredación de bienes culturales» y se eliminaron acusaciones previas de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Arévalo calificó la medida como un «asalto a la democracia». Al mismo tiempo, sostiene que es víctima de una persecución desde la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio.
A petición de la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, un juez suspendió al partido Semilla y ordenó polémicos allanamientos al tribunal electoral en seguimiento a una investigación por supuestas anomalías en los comicios.
Arévalo es acusado de haber apoyado a través de redes sociales a los académicos y estudiantes que ocuparon, de mayo de 2022 a junio de 2023, la estatal Universidad de San Carlos en rechazo a lo que denunciaron como elección fraudulenta de un rector vinculado al gobierno del presidente saliente Alejandro Giammattei.
El Consejo Permanente de la OEA denunció el miércoles en una resolución los intentos de «impedir una transición pacífica del poder» por las acciones de la Fiscalía.
La Fiscalía respondió a las «afirmaciones» de la OEA declarando que «ponen en riesgo y socavan el principio de autonomía en el ejercicio de la acción penal pública».