Organismos de Derechos Humanos de Colombia denunciaron que el Ejército de ese país asesinó a 11 campesinos en una incursión en una zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo y que luego los hicieron pasar por “exguerrilleros y narcococaleros”.

CAPAC – por Lilibet Enriquez Infante, fuente Revista 2016

Organizaciones de Derechos Humanos y comunidades campesinas denunciaron al Ejército por el asesinato de 11 personas en una incursión militar en esa región del país. El titular de Defensa, Diego Molano, y el propio presidente Iván Duque, aseguraron que la operación fue legítima, pero las  comunidades de la zona aseguran que las víctimas son civiles, entre ellas el presidente de la Junta de Acción Comunal local, dos indígenas y un menor de edad.

A las víctimas de esos actos de terrorismo de Estado se las conoce como “falsos positivos”, asesinatos extrajudiciales que luego son presentados por el Ejército colombiano como muertes en enfrentamientos.

El Ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que la operación del Ejército fue legítima y que posibilitó neutralizar a un grupo de “exguerrilleros y narcococaleros”.

Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos y comunidades campesinas de la región donde ocurrió la matanza, aseguraron que las víctimas son civiles que participaban en una feria y no miembros de grupos armados ilegales, como dieron a conocer las autoridades del Ejército colombiano, el ministro Molano y el mandatario de ese país, Iván Duque.

Varias organizaciones indígenas,  gremiales, campesinas y afrodescendientes han denunciado los acontecimientos del 28 de marzo último y aseguran que las víctimas eran “habitantes de la comunidad, reconocidos y reclamados hoy”, detalló la Red de Derechos Humanos de Putumayo.

Según confirmó la Defensoría del Pueblo, entre los asesinados se encuentran el líder social Didier Hernández Rojas, su esposa, Ana María Sarria Barrera y un adolescente de 16 años, Brayan Santiago Pama. Además, identificaron al gobernador del Cabildo Kwicha, Pablo Panduro Coquinche y una persona en proceso de reincorporación, Jhon Jairo Silva Mutumbajoy.

Luego de conocerse los hechos, varios legisladores citaron a un debate de control político al Ministro Molano, para responder por esta operación militar. También fueron citados el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, según informaron medios de prensa de ese país.

Desde la red social Twiter, la Senadora colombiana Angélica Lozano aseguró: “No podemos volver al doloroso capítulo de los falsos positivos. El Estado se está burlando de las comunidades que con pruebas fehacientes denuncian la muerte de civiles en operaciones militares.  (…) Citamos a debate de control político a Diego Molano”.

Falsos positivos: actos de terrorismo de Estado

En febrero del año 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló las cifras de estos crímenes cometidos por el Estado colombiano entre 2002 y 2008, durante el gobierno del expresidente ultraderechista Álvaro Uribe y con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa.

Entre esos años, el Ejército colombiano asesinó a 6.402 personas, quienes luego fueron vestidas como guerrilleros y guerrilleras y presentadas como muertas en combate.

Son los llamados falsos positivos: civiles secuestrados y asesinados por el Ejército y expuestos como combatientes muertos en enfrentamientos, para convencer a la opinión pública de que estaba ganando la guerra a la insurgencia.

Esa cifra es tres veces mayor que la reportada por la Fiscalía, que había informado sobre 2248 víctimas de falsos positivos, en un periodo que abarcaba desde 1988 a 2014.