El traslado de inmigrantes a Guantánamo se suma a otras deportaciones recientes, como el envío de personas a India, Ecuador, Guam, Honduras y Perú. Además, Colombia ha gestionado vuelos de repatriación con apoyo de sus autoridades.

CAPAC – fuente Euro News

El primer vuelo militar de Estados Unidos con inmigrantes deportados a la base naval de Guantánamo Bay, en Cuba, despegó este martes, marcando el inicio de una controvertida medida de la Administración Trump. La instalación, históricamente utilizada para detener a sospechosos de terrorismo, ahora será empleada como un centro de detención para inmigrantes.

«Ya no permitiremos que EE.UU. sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo», afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a ‘Fox News’.

El presidente Donald Trump ha defendido la medida, asegurando que la base tiene la capacidad de albergar hasta 30.000 personas. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien estuvo asignado a Guantánamo durante su servicio militar, ha calificado el lugar como «perfecto» para esta función. En los últimos días, se han desplegado tropas adicionales para preparar el sitio.

Tom Homan, exdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y «zar de la frontera» en la nueva Administración de Trump, dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. gestionaría el centro de detención de Guantánamo.

El traslado de inmigrantes a la base naval se suma a otras deportaciones recientes, como el envío de personas a India, Ecuador, Guam, Honduras y Perú. Además, Colombia ha gestionado vuelos de repatriación con apoyo de sus autoridades.

La base se utilizará para «delincuentes peligrosos», según Trump

Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles abusos y condiciones inadecuadas en la base. Además, la comunidad internacional ha cuestionado la legalidad de esta política, argumentando que podría vulnerar los derechos humanos.

Mientras Trump y su Administración defienden la medida como una respuesta a la crisis migratoria, activistas y defensores de derechos humanos han anunciado que seguirán de cerca la situación y presionarán por mayores garantías para los detenidos.

Un funcionario de la Administración de Trump, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto, dijo que el centro se utilizaría para alojar a «delincuentes peligrosos» y personas «difíciles de deportar». Algunos países se niegan a aceptar a algunos de los inmigrantes que Estados Unidos intenta deportar.

Trump se ha referido en repetidas ocasiones a los supuestos «peligros» a los que se enfrentan los estadounidenses a causa de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven de forma irregular en Estados Unidos. Si bien los inmigrantes son acusados habitualmente de cometer delitos graves, constituyen un pequeño porcentaje de la población general. Aunque los resultados varían, los estudios académicos revisados por expertos no suelen encontrar una relación concreta entre inmigración y delitos violentos.