Ecuador vive hoy el periodo más violento de su historia para políticos, con 88 casos de ataques entre 2022 y 2023, como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, indica un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política.

CAPAC.-tomado de Prensa Latina

“Esos datos no son nada alentadores”, comentó este miércoles en rueda de prensa Karina Ponce, coordinadora del Observatorio.

Según precisó, el 84 por ciento de las agresiones fueron dirigidas a hombres y el 16 por ciento a mujeres, mientras que representantes del movimiento Revolución Ciudadana recibieron el mayor número de ataques (17 por ciento).

En promedio, cada cinco días registramos un nuevo ataque, afirmó Ponce, quien agregó que del total de víctimas 21 son actores del actual proceso electoral.

En relación a la violencia política por motivos de género, Ana Gómez, otra de las investigadoras, apuntó que las principales incidencias detectadas se enmarcan en expresiones con estereotipos que buscan denigrar a las mujeres, sean candidatas, lideresas, activistas o incluso periodistas.

Para Fausto Camacho, también pesquisador del Observatorio, la violencia en la política no es algo nuevo, pero los niveles a los que ha llegado son inéditos.

El informe señala que entre los hechos reportados figuran asesinatos (34 por ciento), entre ellos el de Villavicencio y el del alcalde de Manta Agustín Intriago; atentados (48 por ciento); amenazas (10 por ciento); secuestros (cinco por ciento); y asaltos (tres por ciento).

Camacho lamentó que hechos violentos en general se vayan “normalizando” en la percepción ciudadana y atribuyó la inseguridad a la lucha de grupos de delincuenciales por el control del territorio para el narcotráfico, trata de personas, entre otras actividades ilícitas.

La investigación fue realizada entre el 18 de mayo y el 6 de septiembre por la asociación Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA) con el apoyo de la organización alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Ecuador irá a las urnas el 15 de agosto para una segunda vuelta de los comicios anticipados por el presidente Guillermo Lasso, quien en mayo pasado activó la muerte cruzada y con ese mecanismo adelantó el fin de su mandato y disolvió el legislativo en medio de un juicio político en su contra.