La embajadora de Cuba en Nicaragua, Iliana Fonseca, denunció hoy la hostilidad del bloqueo de Estados Unidos contra su país y afirmó que constituye una política de agresión permanente.

CAPAC – fuente Prensa Latina

En un encuentro con diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento), la diplomática explicó sobre la ley de comercio con el enemigo de Estados Unidos, cuyo basamento legal sostiene el cerco económico, comercial y financiero impuesto a la isla desde hace más de seis décadas.

Al respecto, se refirió a las leyes Torricelli (1992) y Helms Burton (1996), instrumentos jurídicos que se convirtieron en un mecanismo de estrangulamiento hacia Cuba.

Ambas normativas buscan eliminar toda forma de sustento económico a la nación caribeña y pretenden legalizar la intervención en sus asuntos internos.

Durante la exposición, que contó con la presencia de la junta directiva del Legislativo, así como del grupo parlamentario de amistad Nicaragua-Cuba y otros invitados, la embajadora también abordó la política de máxima presión seguida por las administraciones de Donald Trump (243 medidas) y Joe Biden.

Fonseca explicó a los diputados nicaragüenses sobre la diferencia entre “Embargo” y “Bloqueo”; señalando que el embargo es un término técnico-jurídico, mientras bloqueo es “un acto de guerra que busca cortar, cerrar, incomunicar con el exterior para lograr la rendición del sitiado por la fuerza o por hambre”.

En esa línea, expuso las prohibiciones de la medida unilateral de Washington a La Habana y señaló que Cuba no puede importar ni exportar a la nación norteña.

Además, los estadounidenses tienen prohibido viajar a la isla por ley; Cuba no puede realizar transacciones en dólares, ni tiene acceso a créditos de instituciones internacionales.

De igual modo, precisó que ningún producto con componentes cubanos se puede exportar a Estados Unidos, en tanto la mayor de las Antillas solo puede acceder a productos que tengan menos del 10 por ciento de componentes estadounidenses.

La diplomática calificó al cerco como una violación del derecho internacional y un acto de agresión unilateral, así como una amenaza contra la estabilidad de Cuba.

“Constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. Por su declarado propósito y el andamiaje político, legal y administrativo en el que se sustenta, califica como un acto de genocidio”, subrayó Fonseca.

Por su parte, los diputados nicaragüenses manifestaron su solidaridad con Cuba, al tiempo que reiteraron su condena a la referida política, la cual afecta todos los sectores de la vida política, económica y social del país caribeño.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, no es permisible, legal, ni ético que por décadas se someta a un país pequeño a una criminal política de asfixia, con daños económicos que superan los 164 mil 141,1 millones de dólares a precios corrientes, y un billón 499 mil 710 millones de dólares, teniendo en cuenta el valor del oro en el mercado internacional.

De acuerdo con el más reciente informe presentado por Cuba en Naciones Unidas, solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024, el bloqueo causó perjuicios a la isla estimados en el orden de los cinco mil 56,8 millones de dólares.