El sociólogo e investigador principal del CONICET plantea en un diálogo con Página/12 los desafíos a los que se enfrenta el campo popular en un contexto en el que se revaloriza la represión y el accionar de los militares.

CAPAC.- tomado de Página |12

Daniel Feierstein da un ejemplo. Cuando arrancó a militar en 1982, pensaba en el Cordobazo como algo de otros tiempos pero cuya experiencia podía considerar cercana. Cuando le hablaban del ‘55, la apreciación cambiaba: parecía cosa de viejos. Solo 27 años separaban 1955 de 1982. En menos de dos meses, se conmemorarán 50 años del último golpe de Estado y, para el movimiento de derechos humanos, aparece la pregunta sobre cómo transmitir ese pasado a las generaciones más jóvenes a las que aquellos hechos les parecen muy distantes.

Sociólogo e investigador principal del CONICET, Feierstein se dedica hace décadas al estudio de las prácticas sociales genocidas. En un contexto marcado por una narrativa oficial que empatiza con los perpetradores y estigmatiza a las víctimas, Feierstein conversó con Página/12 para pensar los desafíos que enfrenta el campo popular a la hora de hacer memoria.

—¿Cómo describiría el contexto en el cual se llega a los 50 años del golpe?

—Hace tiempo que vengo planteando que hay ciclos ascendentes y descendentes en la lucha por las representaciones y la elaboración del genocidio. Creo que llegamos en un momento muy duro. Ese ciclo descendente nace hacia 2012 o 2013. Veo que no estamos logrando la capacidad de revertir el ciclo descendente. Lo que identifico es que ese ciclo afectó a toda una generación, que fue la que se fue formando, y es el grupo que va de los 18 a los 25 años, que es el núcleo de apoyo de la nueva derecha. El gran desafío en estos 50 años es renovar las formas de pensar el problema. El tema de fondo es que un discurso que interpeló tanto a la generación que vivió esos hechos como a la generación de sus hijos claramente no interpela a la generación de los nietos. O sea, a quienes no solo no vivieron el genocidio, sino que tampoco vivieron los ’90 ni el 2001.

—¿Y por qué no interpela ese discurso? ¿Puede ser porque se volvió una narrativa oficial y les resulta más atractivo polemizar o rivalizar con ella?

—Hay varias variables. Esa es una, pero estaría cambiando porque, de hecho, el Estado ya no está apoyando nada de eso. El problema es cómo se reconstruye desde abajo. El Estado hoy está haciendo lo contrario: está avalando narrativas negacionistas. Pero hay otras variables.

—¿Por ejemplo?

—Está la partidización de esa experiencia plural que había sido la lucha por los derechos humanos. Eso no se ha logrado quebrar: se sigue viendo a los derechos humanos como una rama del kirchnerismo. Hay algunos destellos que son interesantes: que en 2025 haya sido, luego de 19 años, otra vez la marcha única es un dato interesante. Me parece que todavía falta mucho en la recuperación de esa potencia plural. Después hay una lógica de narración de la propia lucha —que es uno de los ejes de mi próximo libro— que no ha logrado recuperar las condiciones que nos llevaron a derrotar la impunidad. Todo ese proceso de lucha fue escamoteado en la memoria popular. Esa potencia no puede conectar con las nuevas generaciones porque no les fue transmitida por las generaciones que vivieron esos hechos. El proceso quedó subsumido a que el kirchnerismo se lee a sí mismo como heredero de las luchas de los ’70 —“somos los hijos de las Madres”— y como resultado de la crisis de 2001. Esto es: no se lee como un proceso de lucha, sino que la crisis de 2001 se ve como una explosión espontánea que salió de la nada. Si la derrota de la impunidad es resultado solamente de una decisión presidencial, entonces ese proceso de lucha desaparece. O sea, lo único que hay que hacer es votar bien para que otro presidente haga las cosas que queremos.

—¿No está vinculado esto a que la historia se cuenta, de alguna manera, desde lo institucional, más allá de un problema del campo popular?

—Creo que tiene que ver con las dos cosas. La historia se puede contar oficialmente de muchas maneras, pero la pregunta es cómo se la cuenta el campo popular. Lo que digo es que ahí hubo una autoamputación, que es muy importante entender por qué ocurrió. Ahí no tengo tantas respuestas. Hay algunos sectores que no participaron de esa lucha porque estaban en el menemismo, pero hay otro montón de sectores del kirchnerismo que sí estaban en esa lucha y tampoco la cuentan. Las cosas no se van a recomponer igual. Creo que, en la articulación social, la lucha contra la impunidad no va a volver a ser el eje —y quizá tiene sentido que no lo sea—, pero eso no va a ser posible sin una recuperación de esos procesos de lucha. La transmisión no es para copiar.

—¿Se puede decir que en los primeros dos años del gobierno de Milei hubo una primera etapa de destrucción de las políticas de derechos humanos y ahora viene una etapa de construcción de una narrativa propia?

—No lo tengo claro. En algunos campos pareciera que sí; en otros, pareciera que no. Me parece que tiene que ver con las internas del Gobierno. Quien tiene más solidez en la creación de una narración alternativa es la vicepresidenta y los grupos de gente que la rodean. Uno podría decir que también Agustín Laje, que sigue mucho más cerca de Milei que la vicepresidenta. Esa interna no se ha terminado de saldar porque no es la preocupación central del gobierno.

—¿Le parece que hubo el suficiente debate frente a la revalorización de las Fuerzas Armadas o la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa?

—Hay una voluntad de relegitimación del poder represivo estatal que se expresa claramente en Patricia Bullrich. En esa clave está la decisión de designar a un militar al frente del Ministerio de Defensa. Hay una decisión de decir “ya fue suficiente”. El “se va a acabar la dictadura militar” es el nudo de deslegitimación del actor militar que incluso va a recorrer todo el menemismo, porque la subordinación de los militares al poder civil va a ocurrir más durante el gobierno de Menem que durante el de Alfonsín. La duda que me aparece ver en las distintas fracciones del gobierno mileísta es si, para recuperar la capacidad represiva, es necesario construir una narración de la dictadura que reivindique el uso de la estructura represiva estatal o si simplemente alcanza con referir a las nuevas amenazas y tratar de sumergir en el silencio ese pasado que ya está muy lejos.

—Pero sí hay sectores que quieren reabrir esa discusión.

—El más representativo es Laje, y su potencia está en que sigue pensando desde abajo. Ese es el espejo que ellos toman de la lucha de los ’80 y los ’90. Eso es lo que hay que reconstruir en el campo popular, justamente con las nuevas generaciones que están sufriendo las consecuencias del gobierno de Milei y que, por lo tanto, es probable que sean mucho más permeables a esa reconstrucción si empieza a hacerse desde el campo popular.

—¿Qué pasa con la apelación al pacto democrático?

—Me parece que es pensar los procesos de modo estático cuando son dinámicos. Cuando alguien se pregunta cómo es posible que se rompiera el acuerdo que teníamos contra la impunidad, la respuesta es que no es que se rompió. El acuerdo que teníamos las generaciones que transitamos ese proceso y construimos esa lucha contra la impunidad no creo que se haya roto. Los miembros de nuestra generación que no están de acuerdo nunca estuvieron de acuerdo, pero eran una minoría. Hay muchos que se fueron agregando y la respuesta que podrían dar es: “Nosotros nunca firmamos ese acuerdo porque no vivimos esos hechos”. Vamos a cumplir 50 años del golpe. Yo siempre lo planteo con mi experiencia personal de cuando empecé a militar, en 1982. Los recuerdos que puedo tener para pensar esta noción del tiempo es que el Cordobazo, que había sido trece años antes, era algo que yo sentía que no había vivido, pero que podía vincular como algo cercano. Pero cuando me hablaban del ’55 era cosa de viejos. Y pensá que desde el ’55 al ’82 había menos de treinta años. Hay que entender que la realidad cambia, que hay nuevos actores y que el gran desafío es cómo los vamos a interpelar.

—Usted plantea que una de las cuestiones a evitar es cerrar discusiones diciendo que es “cosa juzgada”…

—Exacto. Y no hay que olvidar que la Justicia terminó haciendo justicia por la presión popular. El aparato judicial en la Argentina nunca fue gran cosa —ahora menos que nunca—. Si hubo justicia fue porque los jueces sentían que no podían hacer otra cosa, y eso lo dio la lucha popular. En el campo de los derechos humanos necesitamos que las nuevas generaciones puedan ser un poco más irreverentes. Parte de la potencia de HIJOS es que puso en cuestión muchas de las cosas de los ’80: salió a desafiar a la generación anterior. Y ahora apareció Nietes, que creo que tiene algo muy interesante. Necesitamos que sean capaces de decir todo lo que no les sirve para poder desafiarnos desde ahí y, desde esa irreverencia, conectar con su generación.

—¿Qué rol cree que tiene la academia en estas discusiones?

—Tuvo un rol central y lo ha ido perdiendo, y es un proceso que ligo mucho a la caída del Muro, porque es internacional, no solo argentino. La academia siempre estuvo imbricada con las luchas populares. Se da un proceso que yo llamo de profesionalización, que separa a la academia de la lucha popular y, en esa separación, se produce una inversión de la lógica. Hoy, un académico articulado con los procesos populares parece que fuera menos académico. Ese proceso se acompañó con que, dentro de los movimientos populares, la reflexión estratégica también es despreciada. Entonces se generó ese quiebre que implica que hayamos dejado de tener intelectuales orgánicos. En la nueva derecha pasa exactamente lo contrario.