Un reporte de la televisión nacional evidenció el trabajo que realizaron «terroristas digitales» para desvirtuar una foto de armas que enemigos de la Revolución cubana quisieron introducir en el país. Informe de la Fiscalía General de la Republica

CAPAC – fuente Prensa Latina y Fiscalía General de la República

Asimismo, en el municipio de Minas de Matahambre, en la provincia de Pinar del Río, sucedieron acciones que incluyeron carteles públicos en contra de la política nacional, a cambio de 100 dólares americanos.

Uno de los protagonistas aseguró que realizó incendios en instituciones sociales y que quienes ofrecían el pago le exigieron prenderle fuego a otras obras públicas como almacenes.

En tanto, el autor material del incendio del Caney de Isabela de Sagua, en la provincia de Villa Clara, narró cómo realizó el hecho.

«Prendí fuego al guano y me mandé a correr», confesó.

Confirmó que la remuneración por su acto la entregó a la policía.

En la transmisión televisiva ofreció un consejo a los jóvenes, a quienes indicó que «el dinero no lo es todo en la vida».

Ambos casos evidencian las acciones de individuos que prevén sembrar terror en el país, a cambio de pequeñas sumas de dinero.

Nota Informativa de la Fiscalía General de la República

Tras el paso del huracán Ian por el territorio nacional, que provocó severos daños en varias provincias, la Fiscalía General de la República controla  procesos penales en los que se investigan hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana.

Estos hechos estuvieron relacionados con el incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, y la incitación a la violencia.

Asimismo, se realizan acciones de prevención con los padres que utilizaron a hijos menores de edad, colocándolos en escenarios de riesgo, descuidando sus deberes de protección, asistencia, educación y cuidado hacia ellos.

Los hechos en investigación recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda. A los imputados se les asegura el respeto de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso.

La Fiscalía General de la República, por mandato del artículo 156 de la Constitución, tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.

En el marco de la legalidad, la protección de los intereses del Estado y los derechos de todos los ciudadanos, la Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional.