Expertos y funcionarios paraguayos y argentinos acentuaron hoy sus discrepancias sobre temas financieros vitales para los dos países en la Central Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé, que ambos explotan de forma común.

CAPAC.- tomado de Prensa Latina

Representantes de Buenos Aires en la también llamada Entidad Binacional Yacyretá rechazaron en un comunicado este lunes declaraciones la víspera del lado paraguayo sobre un presunto incumplimiento argentino de pagos por la cesión paraguaya de energía en 2022.

“En ningún momento se acordaron cuotas mensuales por 30 millones de dólares”, subraya el documento bonaerense en respuesta al emplazamiento paraguayo, que demanda en total 150 millones de dólares a cambio de la energía dejada de usar por Asunción y utilizada por Buenos Aires.

Por su parte, los enviados del lado paraguayo en la Central recordaron que su gobierno mantiene la exigencia de que Argentina salde ese adeudo «con el Tesoro Nacional de Asunción y con la propia binacional, por cesión y uso de energía en 2022».

El ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, rechazó, además, una propuesta de Buenos Aires sobre un plan de pagos que consideró parcial, pues alude exclusivamente a 2022, “pero no presenta ningún plan de pagos referente a 2023”.

La polémica argentino-paraguaya se complica con otro conflicto surgido este año entre los dos Estados, por un peaje que la nación vecina considera un derecho cobrar a las embarcaciones guaraníes en la Hidrovía internacional y Asunción califica de «violación».

El presidente paraguayo, Santiago Peña, llamó a encontrar los mecanismos «legales y civilizados» para arribar a una solución del contencioso sobre la libertad de navegación en la corriente hidrológica formada por los ríos Paraguay y Paraná junto a sus afluentes.

Peña afirmó que, en realidad, el conflicto “es entre Argentina y el Tratado” (1992, también llamado de Santa Cruz de la Sierra), porque ahora Buenos Aires “plantea una visión diferente a la del texto de dicho documento sobre el empleo del canal fluvial”, firmado, también por Uruguay, Brasil y Bolivia.

Esa instancia del formalmente llamado Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto Cáceres-Puerto Nueva Palmira) trató la parte política del contencioso, tras concluir sin avances la netamente técnica, correspondiente a otro mecanismo del Tratado denominado Comisión del Acuerdo.

La actual polémica sobre el tema comenzó en enero con la exigencia argentina de cobrar una tarifa de 1,47 dólares por tonelada para las embarcaciones de transporte de la vía fluvial, única salida al Atlántico de las exportaciones de Paraguay, que moviliza un 80 por ciento de su carga por ese cauce.