En un veredicto que tiene más de político que judicial, la Corte Suprema de Justicia de Argentina avaló hoy la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria Cristina Fernández, en una acción temeraria, incluso anticonstitucional, que no respetó el debido proceso y no analizó los recursos de nulidad solicitados ni los informes de auditoría presentados que no mostraban irregularidades en las obras, que además eran ejecutadas bajo control provincial y no de la presidencia.

CAPAC – fuente Prensa Latina y RT

Los tres magistrados del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, firmaron un dictamen histórico que cambia la fábula y el mapa de la política argentina.

El lunes en una reunión con la dirigencia del Partido Justicialista (PJ) la exmandataria y su titular se anticipó al dictamen y le expresó a los líderes peronistas: «Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esa manera».

Con ese comentario, Cristina se animó a afirmar: «Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios». Y precisó: “Me meterán presa, pero esto no resolverá los graves problemas que vive Argentina”.

El veredicto no obstante absuelve a la exdignataria del delito de asociación ilícita, pedido por la fiscalía, que fue la principal imputación en el proceso de la instancia menor que la sentenció.

Para analistas y políticos esta es la consumación del “Lawfare” que golpeó a otros líderes populares en Latinoamérica, igual al que llevó al brasileño Inacio Lula Da Silva a prisión en Brasil y la condena contra el ecuatoriano Rafael Correa en Ecuador.

El dictamen inhabilita de por vida de manera inmediata a la expresidenta a ocupar cargos públicos por lo que no podrá ser candidata a diputada en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para lo que anunció su postulación a las elecciones locales del 7 de septiembre.

Por ser mayor de 70 años (tiene 72), Cristina podrá gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Se especuló con distintas posibilidades, pero la opción más probable es que lo haga en su departamento de San Cristóbal, adonde se mudó tras su paso por Recoleta. Ahora, la actual titular del PJ manifestó que no podrán acallarla.

La confirmación de su sentencia desató movilizaciones por todo el país; ya fueron bloqueadas autopistas que enlazan a Buenos Aires, como la que conduce a la ciudad de La Plata.

Las federaciones sindicales dijeron que irían al paro nacional en caso de que Cristina fuera condenada.

REPUDIO INTERNACIONAL

Cuba: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó hoy su invariable apoyo a la exmandataria argentina Cristina Fernández, tras su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Venezuela: El gobierno de Maduro emitió un comunicado expresando «golpe político y judicial» contra la expresidenta, «líder histórica del peronismo, de la oposición y del pueblo argentino, víctima hoy de una persecución brutal, impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario de Javier Milei».

Bolivia: Evo Morales, tildó de «injusta» la sentencia. «No es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo»

Bolivia: Luis Arce, expresó su respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse la decisión de la Corte. «Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana Cristina Fernández, frente a un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular

Ecuador: La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y otras personalidades de Ecuador denunciaron hoy la sentencia contra la expresidenta argentina Cristina Fernández.

España: dirigentes del partido Podemos criticaron la acción judicial. La eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, llamó a las «fuerzas democráticas del mundo» a respaldarla. «La condena a Cristina Fernández es golpismo: guerra sucia judicial y mediática para que, golpeando a una, todo un pueblo renuncie a una vida con derechos»

Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud): denunciaron «frontalmente el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política». «Ningún tribunal y mucho menos la Corte Suprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido», señalaron.

El pronunciamiento está avalado por los expresidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Ecuador, Rafael Correa; de Colombia, Ernesto Samper; de España, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras figuras hispanoamericanas, como el nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Internacional Progresista (IP): Instó a «todos los aliados internacionales de la democracia a alzarse contra este extraordinario acto de ‘lawfare’ como una amenaza existencial a la democracia en Argentina, en toda América Latina y en todo el mundo».