Confirman absolución de Cubainformación y Euskadi-Cuba

En una nueva sentencia confirma la Audiencia Provincial de Madrid la absolución de Cubainformación y Euskadi-Cuba y considera una “recriminación desmedida” calificar las misiones médicas cubanas como “esclavitud”

CAPAC – fuente Cubainformación

En una nueva sentencia, la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el fallo absolutorio de José Manzaneda, periodista y coordinador del sitio digital www.cubainformacion.tv y de la representación legal de la Asociación Euskadi-Cuba, emitido el 19 de febrero pasado por el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid, en la querella presentada contra ambos por Javier Larrondo, presidente de la organización anticastrista Prisoners Defenders.

Este pedía para ambos seis años de cárcel y una cantidad cercana a los 100 mil euros entre indemnizaciones y multas, por un delito de injurias, calumnias e incitación al odio, a raíz de la publicación, el 5 de octubre de 2020, del trabajo periodístico titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra su cooperación médica”.

Tras la primera sentencia absolutoria que, además, condenó al querellante al pago parcial de las costas por “temeridad”, al acusar a Euskadi-Cuba por injurias y calumnias, cuando una persona jurídica no puede legalmente cometer tales delitos, tanto Larrondo como Manzaneda y Euskadi-Cuba presentaron recursos de apelación. El primero, disconforme con la absolución y reafirmando su petición de prisión y pago económico, los segundos solicitando el pago total de costas por el querellante.

Esta segunda sentencia confirma íntegramente el primer fallo, y reitera los elementos esenciales de la argumentación del juez.

Recordemos que el reportaje antes citado denunciaba el papel de Prisoners Defenders como colaborador directo de la política del Gobierno de EEUU en contra de los programas de cooperación médica cubana en el mundo, para eliminar o reducir los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba a partir de ciertos convenios médicos, que sirven para sostener el sistema sanitario de la Isla.

El trabajo firmado por José Manzaneda, en una primera versión, calificaba a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, al igual que a Donald Trump y al senador de ultraderecha por el estado de Florida Marco Rubio, como “criminal de guerra”. En el juicio, el periodista explicó que la expresión -retirada al de pocos días de su publicación por motivos de estilo- hacía referencia a la “guerra contra la cooperación médica”, tal como indicaba el propio titular del reportaje, enmarcada a su vez en la guerra no convencional, híbrida y económica de EEUU contra el pueblo cubano, dado que estaríamos en presencia de una de las manifestaciones del bloqueo económico aplicado sobre Cuba: la destrucción de sus ingresos para la salud pública.

La primera sentencia ya dejó claro que la calificación de “criminal de guerra” no es injuriosa, pudiendo ser considerada “una hipérbole periodística” si se analiza “con el resto del contenido del artículo”, y que el periodista no actuó con una motivación ofensiva, sino con una “intención de crítica, recriminación o censura política, que encuentra acomodo dentro de los límites de la libertad de expresión”.

Esta segunda sentencia reafirma que “la expresión `criminal de guerra´ es imprecisa”, “no concreta hechos determinados” y debe tenerse “en cuenta el contexto”. Y añade que, en “el convulso debate socio político actual” prolifera “la recriminación desmedida, de la que no es ausente el querellante al referirse a las actuaciones promovidas por el gobierno cubano en las misiones médicas a desarrollar en el extranjero, calificándolas como de `esclavitud´”.

En declaraciones a este medio, el querellado, el periodista José Manzaneda, volvió a denunciar que la presentación de la querella fue una “forma de persecución del periodismo crítico que realiza Cubainformación, con la intención incluso de encarcelar a un periodista por un simple artículo periodístico, por quien se presenta como un `defensor de los derechos humanos´, cuando no lo es”.

Recordó, además, la utilización mediática del juicio por parte de Javier Larrondo y Prisoners Defenders, gracias a la complicidad de medios que publicaron notorias falsedades contra Euskadi-Cuba y Cubainformación, sin relación alguna con la querella. El diario ABC, por ejemplo, reprodujo partes de un comunicado de Prisoners Defenders, como los siguientes: “el Gobierno vasco riega con fondos europeos a la asociación Euskadi-Cuba para minar instituciones y desestabilizar”; estos fondos están “destinados a minar Europa y sus instituciones” o “el objetivo de esa asociación es desestabilizar Europa y España”. El Nuevo Herald de Miami publicó la acusación de Prisoners Defenders de que Euskadi-Cuba se estaría nutriendo de “fondos de cooperación” para “labores de inteligencia” cubana.

Manzaneda interpeló de nuevo a estos y otros medios, como los del Grupo Vocento, para que, ahora, informen sobre el contenido de esta sentencia y, “mejor tarde que nunca, me den el derecho de réplica ante las barbaridades y mentiras que publicaron sobre las subvenciones a una ONGD, Euskadi-Cuba que, de manera probada por las instituciones vascas, impulsó con dichos fondos 18 proyectos de cooperación al desarrollo, que sirvieron para mejorar la vida de cientos de familias campesinas en Cuba”.

Además, agradeció el “trabajo impecable” de su abogado Endika Zulueta San Sebastián, que consiguió destapar en el juicio las “intenciones torticeras de Javier Larrondo, al utilizar esta querella como un ataque político a un rival ideológico, como es mi caso y, más allá, para continuar en su guerra contra la cooperación médica cubana, reconocida a nivel internacional como un ejemplo de humanismo, de solidaridad y de cooperación Sur-Sur, incluso de cooperación Sur-Norte”.

Para finalizar, José Manzaneda dejó claro que “en Cubainformación vamos a seguir denunciando el bloqueo de EEUU contra el pueblo cubano como una de las mayores violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que existen hoy en el mundo, y a denunciar a las organizaciones que colaboran con dicha política”.

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