Continúan las protestas populares y movilizaciones contra el gobierno constituido por conocidos derechistas, representantes de intereses empresariales y políticos de extrema derecha.

CAPAC – fuente Prensa Latina

El nuevo gobierno de Perú intenta dar sus primeros pasos, en un contexto conflictivo en lo político, lo social y lo legal, y sobre todo asediado por la multitudinaria furia ciudadana contra el gobernante Manuel Merino.

Ese rechazo, que puede resumirse en la generalizada certeza de que Merino asumió el cargo por sucesión, tras forzar el Congreso de la República la vacancia (destitución) de Martín Vizcarra, acusado de corrupción, y lo hizo por ambiciones políticas e intereses nada altruistas.

El repudio se hizo incontestable anoche, en una movilización masiva que tomó el centro de la ciudad, proveniente de todos los confines de la extensa urbe, y se extendió a Arequipa, Trujillo, Cusco, Ayacucho, Tacna, Chimbote, Abancay, Huancayo y otras ciudades.

En Lima, volvió a registrarse lo que los organismos de derechos humanos consideran preocupante violencia policial contra el ejercicio del derecho a la protesta, y el saldo de la misma fue de cuatro heridos, dos por armas de fuego, según el legislador Daniel Olivares, aunque el ministro de Salud, Abel Salinas, negó que haya heridos graves.

Entretanto, los esfuerzos del gobierno de consolidarse encontraron la dificultad de lo que el diario La República califica de incumplimiento de la promesa de Merino de conformar un gabinete ministerial de ‘ancha base’.

El mismo rotativo señaló que en el elenco ministerial predominan conocidos derechistas, representantes de intereses empresariales y políticos de extrema derecha.

El rasgo pareció asomar la víspera en los intentos del ministro de Educación, Fernando D’Alessio, de sembrar miedo afirmando que elementos terroristas estaban tras las movilizaciones y planeaban atentados durante la movilización de hoy.

De otro lado, el primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, se declaró a favor de dejar sin efecto el recurso del ahora expresidente Vizcarra, que pide al Tribunal Constitucional (TC) acotar los límites de la ‘incapacidad moral permanente’, causal constitucional invocada para defenestrarlo el pasado lunes.

Un dictamen que no considera acusaciones sin condena judicial entre lo que califique como incapacidad moral, restaría legitimidad al nuevo gobierno, aunque el primer ministro solo dijo que la demanda ya no tenía sentido.

De otro lado, fuentes del TC apuntaron que una vez presentado un recurso, el demandante no puede desistir y solo queda esperar el fallo.