Carolina Baeza nació en 1976 en el hospital José Joaquín Aguirre, de la capital chilena, y a su madre le dijeron que había muerto en el parto, pero en realidad fue una víctima más del robo de niños perpetrado en dictadura.

CAPAC.- tomado de Prensa Latina

Por Carmen Esquivel, Corresponsal jefa en Chile

Cuarenta y siete años después pudo encontrarse con sus padres biológicos y con sus cuatro hermanos, pero no por obra de un milagro, sino gracias a la labor que realiza la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), dedicada a apoyar a las familias afectadas por este flagelo.

Según datos publicados aquí, se estima en más de 20 mil los menores chilenos adoptados de manera irregular que se quedaron en el territorio nacional o fueron enviados al extranjero, sobre todo a Europa, durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

En esas prácticas ilegales hubo complicidad del Estado, de diversas instituciones como CEMA Chile, presidida por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, y de organismos judiciales que articularon una red para la salida masiva de niños por intereses de control social o de lucro.

Un estudio realizado por HMS, basado en el relato de 273 víctimas, reveló procedimientos sistemáticos como la declaración falsa de muerte al nacer, la manipulación de documentos, la participación de redes de intermediarios y hasta el uso de amenazas.

En cuanto al perfil de las víctimas, la mayoría eran mujeres jóvenes, pobres e indígenas.

“Nosotros hemos logrado más de 350 encuentros de hijos que viven en el extranjero o acá en Chile, con sus padres biológicos”, dijo Marisol Rodríguez, presidenta de la fundación creada hace más de una década.

Rodríguez ofreció declaraciones a Prensa Latina en ocasión del V Congreso Internacional sobre el Tráfico de Niños, celebrado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH).

Este evento es importante porque es un espacio para el reencuentro de las familias, pero también para la participación de autoridades, académicos, expertos e investigadores de esta problemática, afirmó.

La presidenta de la Fundación recordó que las adopciones irregulares no solo se dieron en Chile, sino también en otros países como Perú, Bolivia, Brasil o Guatemala.

“Entonces, es importante no silenciarlas y que las madres a las cuales les quitaron a sus bebés, este dolor lo transformen en fuerza”, expresó.

CREAN MESA INTERINSTITUCIONAL SOBRE ADOPCIONES FORZADAS

El pasado año desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se anunció la creación de la Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Adopciones Forzadas o Irregulares, con el fin de garantizar el derecho de cada una de las personas a conocer su origen y la reunificación familiar.

Dentro de sus principales funciones está la de servir como canal de diálogo entre entidades públicas, organizaciones internacionales, la academia y la sociedad civil; así como generar iniciativas que permitan dar respuesta a la problemática.

Durante su participación en el Congreso, el secretario ejecutivo de la Mesa Interinstitucional, Ananías Reyes, informó que en 2024 se efectuaron 10 sesiones y varios encuentros con la sociedad civil, instituciones estatales y organismos internacionales.

Sin embargo, hay pocos avances porque falta una respuesta coordinada del Estado para la atención de las víctimas, no hay vías administrativas para la búsqueda de los menores robados y la información oficial es escasa.

La mesa plantea la necesidad de que primero el Estado reconozca la existencia de adopciones forzadas y se cree una entidad especializada que se encargue de la búsqueda de los hijos a través de mecanismos administrativos.

Desde la Fundación Hijos y Madres del Silencio, su presidenta Marisol Rodríguez, también propone la creación de un banco de ADN para la identificación de las víctimas, apoyo en salud mental a las familias y una comisión para la verdad, la justicia y la reparación.

ENCUENTRO NÚMERO 293

En la página de la Fundación HMS, Carolina Baeza es el caso número 293 del reencuentro con las familias facilitado por esa organización sin fines de lucro.

“A los 15 años supe que era adoptada. Mi madre adoptiva falleció hace nueve años, en 2022 ingresé a la Fundación y, gracias al ADN, pude encontrar a mis padres biológicos”, cuenta a Prensa Latina.

“Mi mamá tiene 78 años y mi papá 82, y además tengo cuatro hermanos”, dice.

Sobre el reencuentro, afirma que fue de mucho llanto y dolor porque ellos ya no la buscaban pues pensaban que su hija menor había muerto en el parto.

“Mi madre rezaba por mí. Yo era como la estrella que le iluminaba desde el cielo, nunca olvidaron el día en que nací”.

En su conversación con esta agencia, narra que ya pasaron dos años y de a poquito se han podido construir lazos, tienen la suerte de que también viven en Santiago y entonces a menudo los puede ver.

“Hemos reído, hemos llorado. Estoy muy agradecida del trabajo de la fundación, pero hace falta mucha ayuda”, declara.

Carolina considera necesario hacer más desde el Gobierno porque muchas mamás están muriendo sin conocer el paradero de sus hijos.

“Ese es un dolor muy grande porque cuando llevas a tu guagua (bebé) nueve meses en el vientre e incluso lo escuchas llorar, eso jamás se te olvida”, dice.

En un congreso anterior celebrado en 2024 en el MMDH, Sara Emilia Díaz contó a Prensa Latina cómo en 1974, cuando dio a luz en el hospital Barros Luco, no la dejaron ver al bebé, la sedaron para que durmiera y al día siguiente le dijeron que el niño había muerto y lo iban a dejar para estudio.

“Yo tenía 16 años en aquella época, recién estaba empezando la dictadura (1973-1990), así que no teníamos derecho a reclamar y la última vez que vine me dijeron que, si insistía, me iba a ir mal”, recordó.

IMPULSAN LEY DESDE EL CONGRESO

El diputado Boris Barrera, quien ha venido acompañando desde hace varios años el trabajo de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, informó que junto a las agrupaciones sociales están impulsando en el Parlamento la Ley sobre la Identidad de Origen.

La normativa consiste en la facultad de toda persona de conocer el conjunto de datos biológicos, filiatorios y familiares que hacen posible la constitución de la propia identidad.

Su objetivo es principalmente facilitar la búsqueda de los seres queridos porque en la actualidad cuando una persona intenta hacer algo hay demasiados obstáculos en el camino, información confidencial, cosas que no se pueden solicitar, explicó Barrera a Prensa Latina.

Añadió que esta normativa es muy importante porque permite visibilizar el drama vivido por las madres. “Es una tragedia. Aquí hubo violaciones a los derechos humanos que se concentraron principalmente durante la dictadura”, afirmó.

El legislador añadió que hay una deuda con niños y sus familias, delitos que no han prescrito, personas desaparecidas y hay que buscar justicia porque si no, va a volver a suceder, y lo que se espera es que nunca más se repitan estas violaciones de derechos humanos.