Proporcionar armas que hoy gran parte del mundo condena con razón es un error, advirtió el diario The New York Times al referirse a la decisión de Estados Unidos de suministrar bombas de racimo a Ucrania.

CAPAC.- tomado de Prensa Latina

De acuerdo con una opinión del consejo editorial del rotativo ello supone también una clara escalada del conflicto, lo cual ya planteó Rusia.

El viernes pasado, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que empezaría a entregar estas armas a Ucrania, a pesar de las objeciones, entre otras, de organizaciones de derechos humanos y aliados clave, recordó el periódico.

Se trata de una lógica errónea y preocupante, alertó la opinión del consejo editorial del influyente medio de prensa.

El editorial mencionó el peligro de esas municiones porque no todas estallan “y miles de pequeñas granadas sin explotar pueden permanecer durante años, incluso décadas, antes de que alguien -a menudo, un niño (…)- lo haga estallar accidentalmente”.

Este peligro impulsó la adopción de una Convención sobre Municiones de Racimo en 2008.

El entonces secretario general de la Organización de Naciones Unidas Ban Ki-moon habló «no solo de la repugnancia colectiva del mundo ante estas armas aborrecibles, sino también del poder de la colaboración entre los gobiernos, la sociedad civil (…) sobre una amenaza a la que se enfrenta toda la humanidad».

Actualmente 123 naciones -incluidos muchos de los aliados de Estados Unidos- acordaron no utilizar, transferir, producir ni almacenar nunca municiones de racimo.

El asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, argumentó que Ucrania no utilizaría las municiones en un país extranjero. «Son sus ciudadanos a los que están protegiendo», dijo.

Pero si bien es decisión de Ucrania elegir qué armas utiliza en su defensa, corresponde a Estados Unidos determinar cuáles suministra, enfatizó.

Al principio del conflicto, Estados Unidos se resistió a enviar armamento avanzado por temor a fomentar una guerra más amplia (aseguró entonces), pero ha cruzado una línea tras otra.

Datos que pudieran ser conservadores revelan que Washington ha enviado más de dos millones de proyectiles a Ucrania y se involucró con sus aliados en suministrar armas sofisticadas a Kiev.

Por ahí se relacionan el sistema de defensa antiaérea Patriot, el lanzacohetes de largo alcance HIMARS, el tanque Abrams y se habla de los caza a reacción F-16.

Ahora el debate recae en las bombas de racimo, que han provocado críticas a Biden, de viaje por Europa para la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Miembros destacado del Partido Demócrata como Tim Kaine (Virginia), miembro del Comité de Servicios Armados del Senado mostró «verdaderos reparos» con tales municiones para Kiev.

Por su parte, la legisladora Elizabeth Warren (Massachusetts) advirtió en declaraciones a la cadena CNN que se siente «profundamente preocupada por el uso de un arma que tiene consecuencias tan terribles a largo plazo para los civiles».

De igual forma el senador Bernie Sanders (Independiente de Vermont) manifestó sus «preocupaciones» sobre la medida del presidente.

Mientras la representante Barbara Lee (California), candidata a ocupar un puesto en la Cámara Alta y único miembro que votó en contra de la guerra de Afganistán, rechazó la disposición de Biden sobre este tipo de explosivos, reportó el diario The Hill.

Se estima que más de 50 mil civiles perdieron la vida desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) debido a las bombas de racimo.

Referencias de prensa dan cuenta que la población civil, en particular niños en Siria, Yemen, Afganistán, el Líbano, países balcánicos y Laos, siguen siendo víctimas de tragedias asociadas a los remanentes de estas municiones.

Desde el inicio de la operación especial rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos ha proporcionado más de 39 mil 700 millones de dólares en ayuda militar a Kiev, convirtiéndose en su mayor donante.

Un dinero que, en última instancia lo pagan los contribuyentes, estadounidenses, y recibe el apoyo unánime del lobby ligado a las grandes compañías de producción y distribución de armamentos, así como aquellos congresistas en cuyos distritos radican algunas de estas plantas productoras o sedes de las compañías ligadas a la industria armamentista.

Una ayuda que no pocos expertos se cuestionan porque no hay control de a dónde y a qué manos va a parar.