En un contexto de muchas dificultades como consecuencia del brutal bloqueo ejercido por el Gobierno de EEUU, Cuba no solo se esfuerza diariamente por atender las muchas urgencias que tiene que afrontar, sino que desafiando la lógica de los agresores no abandona la posibilidad de avanzar en otros terrenos, quizás no tan urgentes, pero sin duda alguna sí muy necesarios.

CAPAC – por Miguel Ángel Santos Genero (*) en Cubainformación

Entre ellos se encuentra la de poner en marcha un sistema de protección al consumidor que actualice la dispersa y en parte obsoleta normativa existente en la materia, haciendo frente a los profundos cambios experimentados en el funcionamiento del mercado interno durante los últimos años, contribuyendo así a una defensa más eficaz de los mismos.

La aparición de nuevos actores económicos en el mercado interno ha situado a los consumidores cubanos en un escenario bastante desconocido, una especie de “jungla”, de nuevas fórmulas comerciales, en el que cunde la desorientación y en el que sus derechos son violados en no pocas ocasiones. Los precios, el peso, el etiquetado, las garantías, la manipulación de alimentos, la atención comercial y las vías de reclamación son, entre otros, parte de esos aspectos que requieren de atención especial. Una compleja tarea en la que si bien las administraciones públicas tienen la mayor responsabilidad, no pueden quedarse solas en ello, sino que requiere del apoyo de las potentes organizaciones de masas existentes en el país, tratando de implicar en mayor medida a la ciudadanía para que juegue un papel más activo en la defensa de sus propios derechos.

Han sido las propias autoridades del país las que insistentemente llaman a una mayor participación y control popular, en estos y otros asuntos que afectan a la población, conscientes, según vienen declarando, de que solos no pueden hacer frente a los múltiples retos existentes y necesitan del aporte más decidido de la población. Para ello, en la materia que nos ocupa, se necesita que la ciudadanía esté mejor formada e informada sobre sus derechos y obligaciones, algo de lo que deberían comenzar a ocuparse más decididamente las autoridades competentes; asumir un papel más activo los medios de comunicación; sin despreciar, como se ha señalado, la posibilidad de que a falta de una organización propia de defensa de los consumidores sean la CTC, la FMC y los CDR quienes incorporen acciones en esa dirección.

En el mismo sentido hay que valorar como una aportación importante las labores de investigación, formación y asesoramiento metodológico como apoyo en la preparación y desarrollo de estudios posgrado que se está realizando desde el ámbito académico, particularmente el que viene desarrollando el Centro de Estudios para la Administración Pública -CEAP-, dependiente de la prestigiosa Universidad de La Habana, que viene contando con el apoyo desde hace años de la organización de consumidores española FACUA Consumidores en Acción y más recientemente de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible de España; una colaboración que tendrá su continuidad en el acuerdo recientemente alcanzado para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Fundamental será, igualmente, reforzar el papel de la inspección pública -sin renunciar a mecanismos que hagan posible una forma de inspección popular de nuevo tipo, a modo de red de activistas sociales- y dotar de mayor eficacia y credibilidad a los mecanismos de reclamación y denuncia de los consumidores que sientan que sus derechos hayan sido violados.

Aunque el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular contempla para junio de 2027 la aprobación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, momento en el cual se estima pueden darse las condiciones para garantizar su cumplimiento, resulta evidente que hay que transitar el camino en las mejores condiciones posibles aprovechando al máximo las posibilidades ya existentes.

Opónganse los detractores y desconfíen agoreros de siempre pensando que nada de ello será posible. El reto está una vez más en proponérselo -sí se puede- y avanzar con paso firme en una tarea que sin duda alguna afecta de forma muy directa a la calidad de vida del pueblo cubano.

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(*) Miguel Ángel Santos Genero fue Secretario General de FACUA (1982-2007) y Secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla (2008-2017). Actualmente reside en Santiago de Cuba.