Disciplinamiento macrista, un informe crítico y la expectativa por Alberto

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

Tomado de El Cohete a la Luna

Los tribunales funcionan como nunca a dos tiempos. Uno es el de las causas. El otro el de las expectativas. El de los expedientes se mueve como los autos en los horarios pico: avances y frenadas. Los procesos contra los ex funcionarios kirchneristas ingresaron en una faz de discusión técnica. Su trámite se aleja de las «noticias espectaculares» y se acerca a los testigos, a los documentos y a las apreciaciones de acusados y acusadores. Probablemente si nunca se hubiesen alejado de ese camino, los argentinos nos habríamos ahorrado el duro informe del relator especial Diego García Sayán del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El informe de la ONU dio cuenta de un “plan sistemático de amedrentamiento” para algunos sectores de la Justicia. El texto no dice nada que muchos no hayamos señalado durante mucho tiempo. El error que deberíamos evitar es leer ese informe como limitado a los casos que menciona, porque alude a una forma de relación del actual gobierno con los tribunales y el impacto de los hechos que explícitamente señala se extendieron a toda la administración de Justicia.

En los pasillos de los tribunales la sensación es clara. “García Sayán tiene razón”, dicen muchos funcionarios en voz baja ante la consulta y se niegan a reconocerlo en público. Así y todo, es un gran punto de partida para crear dispositivos que eviten esas situaciones.

Paralelamente, algunos expedientes empiezan a moverse y, de alguna manera, constituyen una continuidad de los términos que plantea el funcionario de la ONU. La declaración del empresario Cristóbal López frente a la jueza María Servini denunciando la coacción del gobierno mientras dirigía el Grupo Indalo, se suma a la que prestó Daniel Vila, de América 2, ante la propia Servini.

No son los únicos expedientes que describen prácticas similares y enderezadas al uso de la Justicia como un dispositivo de disciplinamiento, hay más casos y denuncias. De hecho, fue la tesis que mencionó el Presidente electo Alberto Fernández en su discurso ante la Universidad Autónoma de México y que generó mucha ansiedad en los tribunales.

Es que Fernández, además, va tener una oportunidad única para referirse al tema cuando intervenga, el próximo 21 de noviembre en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, en la presentación del libro que el ex canciller Rafael Bielsa escribió junto con Pedro Peretti que tiene un título significativo: Lawfare. Hay mucha ansiedad en Comodoro Py porque va a ser quizá la última chance en que se pueda escuchar en público a Alberto Fernández hablando de la Justicia en calidad de Presidente electo.

De todas formas, las expectativas crecen de un modo desmesurado y generan muchos interrogantes. El más preocupante es el temor a la repetición. De hecho, el consenso sobre la desmesura del macrismo que tuvo bajo su brazo a un sector muy importante de la Justicia no lo discute ningún observador serio. Pero algunas declaraciones de personas que comulgan con la coalición electa encienden las alarmas.

Por ejemplo, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat explicó en una entrevista televisiva que, en el marco del Foro por la Libertad de los Presos Políticos, están pensando en una propuesta que calificó como “audacia institucional” para que la Corte Suprema instruya a los jueces a que hagan su trabajo.

Obviamente que otros abogados parados en una vereda ideológica descalificaron la iniciativa. Pero ello no es lo más relevante y no deja de ser parte de esa tensión fatal que hace que desde distintas vertientes ideológicas se descalifiquen recíprocamente las propuestas.

La Justicia actualmente cuenta con un informe elaborado por un experto de la ONU que es muy crítico del sistema. Según expertos consultados para esta nota, esto debería guiar el trabajo de revisión de causas armadas o prisiones injustas. A través de la ley y sin salir de los códigos de procedimientos es como deben revisarse los expedientes.

Muchos abogados, entre ellos los de Cristina Kirchner, denunciaron que no les dejaron producir pruebas para probar su inocencia. Lo que se debería hacer es permitir que los acusados ejerzan sus derechos y tener en claro que todo el mundo debe ser juzgado de acuerdo a la ley.

Alarma que comiencen a asomar iniciativas que buscan lo mismo que critican, que el Poder Judicial les dé la razón como sea. Desde esas premisas, recomponer las instituciones es una quimera.

A propósito de recomponer instituciones, se criticó mucho estos años el rol de Laura Alonso como cabeza de la Oficina Anticorrupción (OA). La acusaron de no medir con la misma vara los hechos que afectaban al macrismo y los vinculados al kirchnerismo. Ella se defendió con vehemencia de esas críticas y siempre destacó sus logros. Entre estos, se encargó de puntualizar que deja una Oficina Anticorrupción mucho mejor en términos edilicios. Es algo.