El expresidente Jair Bolsonaro figura hoy como el primer jefe del Ejecutivo en Brasil, elegido en periodo democrático, en ser acusado de planear un golpe de Estado y supuestamente intentar asesinar a su sucesor en el poder.

CAPAC.- tomado de Prensa Latina

En el informe sobre los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, entregado este jueves por la Policía Federal (PF) al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la corporación imputa a otras 36 personas.

Aparecen entre ellos, los generales Walter Braga Netto, exministro de Defensa, y Augusto Heleno, quien dirigió el Gabinete de Seguridad Institucional, hecho inédito en la solicitud relativa a oficiales de tan alto rango.

En la lista, están los cinco arrestados esta semana (cuatro oficiales militares y un agente policial), inculpados de conspirar para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vice Geraldo Alckmin y a De Moraes.

Los 37 acusados por la PF son sospechosos de los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.

También la investigación concluyó que había una organización criminal, coordinada, para mantener la gestión anterior después de la derrota de Bolsonaro en las elecciones de 2022 ante Lula.

Pese a las acusaciones, expertos escuchados por el portal Correio Braziliense señalan que este es solo el comienzo de un proceso, que será realizado por el Supremo y esperará la manifestación del Ministerio Público.

Por lo tanto, la acusación no es una condena o significa que los sospechosos serán arrestados en un primer momento.

El informe de investigación de 884 páginas fue enviado al STF.

Las pesquisas demuestran que los acusados se estructuraron por división de tareas. Esto habría permitido la «individualización de las conductas y la constatación de la existencia de grupos», según la PF. Entre los grupos está el de desinformación y ataques al sistema electoral, y otro responsable de «incitar a militares a que se unan al golpe de Estado».

Asimismo, hay un núcleo jurídico, el operativo de apoyo a las acciones golpistas, el de inteligencia paralela y el también de operaciones para cumplimiento de medidas coercitivas.

El siguiente paso es que el STF envíe el informe a la Procuraduría General de la República, la cual analizaría todo lo que agrupado por la PF y decidirá si denuncia o no a los implicados.

Se espera que el fiscal general, Paulo Gonet, no presente la denuncia hasta el año próximo.

Gonet, tiene tres caminos a seguir, como destacó el abogado criminalista Gustavo Scandelari: concluir que hay indicios suficientes y presentar la denuncia para iniciar el proceso penal contra los inculpados, solicitar más diligencias por creer que es necesario profundizar las investigaciones o archivar.