La Federación de Trabajadores de la Construcción de Perú condenó hoy los asesinatos por sicarios de dos de sus dirigentes y exigió al Gobierno una exhaustiva investigación y la captura de los autores de esos crímenes.

CAPAC – fuente Prensa Latina y BDP

Representantes de la organización, una de las más importantes del movimiento sindical peruano, marcharon por las calles de la capital peruana hasta el Ministerio del Interior, ante el cual plantearon su demanda de justicia y seguridad eficaz para los constructores.

El secretario general de la Federación de los Trabajadores de la Construcción, Luis Villanueva, condenó las muertes, por sicarios en motocicletas, del secretario general del Sindicato de Constructores de Lima, Arturo Cárdenas, anoche, y del dirigente del gremio en el municipio de San Juan de Lurigancho, Américo Gonzales, de 73 años.

Villanueva, también presidente de la Confederación General de Trabajadores de Perú, señaló como autores a los seudosindicatos de la construcción integrados en mafias dedicadas a la extorsión de empresas constructoras para que paguen cupos a cambio de no sufrir atentados.

Denunció que esas organizaciones han dado muerte alevosamente desde 2011 a 25 dirigentes de la federación de constructores y a cuatro este año, sin que haya medidas oficiales concretas ni seguridad eficaz, ni una política gubernamental que ponga fin a esas agrupaciones delictivas.

Añadió que la lucha contra las mafias mencionadas debe ser liderada por la presidenta Dina Boluarte y que el Ministerio de Trabajo haga una depuración del registro de sindicatos porque “no se puede permitir que bandas del crimen organizado usen seudosindicatos de fachada y tengan una licencia para matar».

La federación fue históricamente la única que congregaba a todos los sindicatos de la construcción, pero el gobierno neoliberal de Alan García (2006-2011), para debilitarla, autorizó acreditar a organizaciones paralelas a la federación, las cuales apelaron a la violencia y posteriormente a la extorsión.

El presidente de la Confederación de Empresarios (Confiep), Alfonso Bustamante, pidió que la lucha contra el crimen organizado tome otro cariz, más allá de las simples declaraciones ante el mayor problema que afecta al país y el presidente de la Sociedad de Industrias demandó al Gobierno un plan de seguridad ciudadana.

La Confiep, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), la Sociedad de Industrias y la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP) cerraron filas con la Federación de constructores y la CGTP y formaron un comité contra la inseguridad.

El comunicado denuncia que el crimen organizado pretende eliminar a todos los dirigentes de la Federación de Constructores, que enfrentan “a los delincuentes que viven del cobro de cupos y de otras modalidades extorsivas, contra los trabajadores, profesionales y empresarios del sector de construcción”.

El exministro del Interior Carlos Basombrío acusó al gobierno de no tener idea de cómo combatir las extorsiones y el sicariato, de los que la construcción fue el primer sector afectado, agregó que es imposible que la administración actual resuelva el problema.