El líder indígena Rolando López llamó hoy aberrante el acuerdo del Gobierno de Guatemala para garantizar la seguridad a todos los ministros, secretarios y otros altos cargos después del próximo 14 de enero.

CAPAC.- tomado de Prensa Latina

El representante del municipio Comitancillo, suroccidental departamento de San Marcos, señaló el gasto tras el cambio de mando, de “dinero del pueblo en algo que no tiene beneficio social sino individual”.

A nombre de las autoridades originarias, reunidas frente al Ministerio Público (MP) en esta capital, agregó que es un despilfarro y consideró injusto que tengan respaldo en el marco de toda la corrupción que generan en el país.

El de la comunidad maya-mam aseveró que el pueblo debe ser muy crítico y estar en alerta para no aceptar este tipo de gastos que el Gobierno está comprometiendo.

“Es sumamente preocupante. Invitamos a la población a seguir en esta lucha, en esta resistencia, porque la corrupción cada vez más nos quiere dejar totalmente desnudos”, remarcó.

Las organizaciones ancestrales de Guatemala cumplen este jueves 88 días consecutivos de plantón pacífico frente a la sede del MP en exigencia de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

Convocados por sus autoridades ancestrales, reclaman además la dimisión de los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez séptimo penal Fredy Orellana, a quienes acusan de atentar contra los resultados de las pasadas elecciones.

Las declaraciones de López llegaron con el acuerdo 320-2023, divulgado esta mañana, mediante el cual el presidente del país, Alejandro Giammattei, autorizó que los exfuncionarios cuenten con seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC).

El texto, firmado además por el ministro de Gobernación Byron René Bor y María Consuelo Ramírez, secretaria general del Ejecutivo, precisó que las medidas se aplicarán por un tiempo similar al que tardaron en sus funciones.

El acuerdo derogó el 71-2023 del 13 de abril del presente año, “al no haberse contemplado en el mismo la protección de los exfuncionarios que ejercieron los cargos de Ministros de Estado y secretarios de la Presidencia”, subrayaron.

Los autores detallaron que si el periodo que la norma habilita para brindarles protección ya concluyó, se procederá a retirar el personal, equipo y vehículos que tengan asignados por orden del director general de la PNC.

El diputado del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, calificó de abuso utilizar recursos para brindar seguridad a funcionarios sin motivo alguno.

Expertos en leyes utilizaron las redes sociales para apuntar que es necesario anular el acuerdo, mientras varios usuarios afirmaron que esta podría ser la primera acción del mandatario electo de la nación, Bernardo Arévalo.