Con la represión generada contra las manifestaciones de pueblos originarios y gremios de trabajadores que repudian la reforma de la constitución provincial y reclaman salarios dignos, se expone cual es el plan del precandidato a presidente y ex gobernador jujeño, Gerardo Morales, que responde a las necesidades de Washington.

CAPAC – por Alberto Mas

Cuando Gerardo Morales es elegido gobernador de Jujuy en el año 2015, se inicia un solapado proceso de ingeniería cuasi-mafiosa para apoderarse de la suma del poder público provincial

Este proceso no puede llevarse a cabo sin un apoyo interno y externo. Algunas medidas apuntaron a terminar con la oposición política, descabezando al movimiento Tupac Amarú y deteniendo con falsas acusaciones a su máxima dirigente Milagro Sala y a parte de la dirección movimientista.

En el año 2016, ya con la complicidad de un sector del peronismo gorila del Partido Justicialista, aprueba una nueva conformación del Supremo Tribunal de Justicia provincial, elevando el número de sus miembros a nueve e imponiendo en sus cargos a ex funcionarios, ex diputados, radicales, del PRO y Justicialistas sin concurso previo, que le responden directamente, conformando una mayoría que controla personalmente.

Un contubernio donde no hay grieta política, solo negocios. Negocios que responden a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, como la extracción del litio.

Por nombrar algunas empresas norteamericanas que intervienen, Pan American Energy, inversiones de Bill Gates a través de Breakthrough Energy Ventures, The Engine, Lilac Solutions, junto a convenios con la compañía minera Lake Resources, también medios de comunicación señalan como inversionistas de estos fondos a Jeff Bezos, precursor de Amazon y Jack Ma, cofundador de Alibaba y Michael Bloomberg.

La visita de la Generala Laura Richardson, del comando sur de los EE.UU., no disimuló en lo más mínimo las intenciones de controlar la producción y exportación del litio argentino, parte de un plan estratégico sobre la región que llevan hace tiempo aplicando: El golpe a Evo Morales en Bolivia tuvo olor a litio.

Son abundantes las denuncias que caen sobre el gobernador Gerardo Morales y su apoyo a los golpistas bolivianos, como la utilización de un avión Hércules C130 en el que se habría movilizado hacia Santa Cruz de la Sierra, feudo del golpista filo nazi Luis Fernando Camacho y actualmente preso, con la excusa de prestar apoyo al combate de incendios en el país vecino, pero que estuvo toda una noche junto al  avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que el 4 de septiembre de 2019 trajo a Ivanka Trump (hija del ex presidente norteamericano Donald Trump) y su desconocida comitiva hasta Jujuy, para interiorizarse de las actividades de una ONG que realiza acciones de «empoderamiento femenino», y oficialmente donó u$s 400 millones a la provincia para obras de infraestructura vial.

«No existen registros oficiales de los bienes trasladados en cada viaje, ni pedido de autorización al Congreso para el arribo del avión que trasladaba a Ivanka Trump, ni detalle del personal militar que la acompañaba, ni detalle de armamento y equipamiento arribado al suelo argentino para asegurar la custodia de la principal asesora presidencial de aquél entonces», señalaron en una denuncia judicial los integrantes de la organización Tupac Amaru.

La Diputada Nacional del MAS en Bolivia, Alicia Condorí denunció que Gerardo Morales, en medio de la visita de Ivanka Trump junto al líder golpista, Luis Fernando Camacho. habrían participado en un cónclave para organizar el golpe de estado.

Recordemos que también Mauricio Macri envió ilegalmente decenas de gendarmes con la excusa de custodiar la embajada argentina, además de armas, municiones y hasta espías para colaborar con los golpistas.

Hoy en Jujuy se pretende “oficializar” la entrega a los grupos económicos internacionales de la riqueza, pero eso requiere también de una tremenda represión ante la resistencia popular, lo estamos viendo estos días, hay informes de redes sociales que ya detallan dos muertes en las protestas a manos de la policía de G.M.

La nueva Constitución tenía 90 días para estudiarse y tratarse, se hizo en solo tres semanas, con participación de los delegados de la UCR, el PRO y el Partido Justicialista, se retiraron los 6 delegados del trotskysmo y 2 del peronismo. Lo aprobado vulnera terriblemente, no solo los derechos de las y los jujeños, sino de toda la población argentina.

Hoy Gerardo Morales avasalla la Constitución Nacional atentando contra todo proceso institucional, para dar un marco jurídico al despojo, una antesala de lo que ocurriría si las próximas elecciones la gana esta derecha pro norteamericana.

En la nueva constitución se establecen vías rápidas y expeditivas para arbitrar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias, traduciéndolo al lenguaje de la calle: expulsaran a toda comunidad donde exista intereses económicos extractivistas para que las exploten las corporaciones extranjeras, habilitando la privatización de tierras donde habitan comunidades para explotar sus recursos, violando el artículo 75 de la Constitución Nacional, inc 17,  también el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y el artículo 4 del Convenio OIT, y en paralelo, limita el ejercicio de los derechos a la manifestación, la protesta, la libertad de expresión, de petición y de asociación, los limita y bloquea en aras del llamado “derecho a la paz social” prohibiendo formas de manifestación social y determinando la criminalización de quienes organicen o participen de esas movilizaciones, garantizados en distintos artículos de la Constitución Nacional

La Intergremial de Jujuy expresó que es “una Constitución que hunde en un Neoliberalismo decadente a derechos históricos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

Una provincia no puede legislar contra la Constitución Nacional, el ejecutivo nacional debería haber tomado medidas, como la intervención, ya en enero del 2020 ante declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, al declarar que Milagro Sala no está presa «por sus delitos sino para no volver al quilombo permanente», demostrando que la justicia y los derechos populares eran avasallados por el gobierno de Gerardo Morales.

Hoy, ante la movilización popular contra una Constitución Provincial que viola la Constitución Nacional, con una represión que nos recuerda tristes épocas de ataques contra el pueblo que reclama pacíficamente por sus derechos, no se entiende tanta pasividad del gobierno nacional. ¿O será complicidad para garantizarle a EE.UU. nuestros recursos naturales?