Cuatro importantes líneas de cruceros con vínculos en el sur de Florida (Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises) fueron acusadas de participaron en “actividades turísticas prohibidas” y “de tráfico” por tener al puerto de La Habana, Cuba, en su recorrido

CAPAC – fuente Reuters

Una nueva medida destinada a socavar la economía cubana, con la clara intención de debilitar el turismo en Cuba, ya afectado estos años por la pandemia y en momentos en que se lo trata de reactivar.

Una jueza federal norteamericana ordenó a cuatro líneas de cruceros con base en la Florida y que incluyeron a Cuba en sus itinerarios a pagar más de $400 millones en daños a la empresa estadounidense que tenía la concesión para explotar algunos de los muelles del puerto de La Habana y que fuera expropiada en 1960

La jueza federal del distrito de Miami, Beth Bloom, sigue a otro importante fallo realizado en marzo en el que Bloom concluyó que las cuatro compañías —Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian— cometieron “actos de tráfico” y se involucraron en “turismo prohibido” al llevar viajeros estadounidenses a Cuba y usar las instalaciones portuarias de La Habana.

Las cuatro líneas de cruceros, que están registradas fuera de Estados Unidos pero mantienen su lugar principal de negocios en la Florida, tendrían que pagar a Havana Docks $439 millones más honorarios y costos de abogados, según el fallo.

El tribunal ordenó a cada compañía que pagara el monto del reclamo de propiedad original más décadas de interés simple. Pero el número es aún mayor porque la ley que castiga el uso de bienes confiscados en Cuba por La Revolución, la Ley Helms-Burton, permite que el tribunal triplique el monto de las indemnizaciones otorgadas.

“Una indemnización menor, como sugieren los Demandados, no tendría un propósito disuasorio efectivo, ya que una indemnización menor posiblemente podría considerarse simplemente un costo de hacer negocios”, detalla el fallo, una clara intromisión en la política cubana y un ejemplo más de las leyes extraterritoriales que aplica Estados Unidos contra Cuba.

La disposición clave de la Ley Helms-Burton que permite demandar a quienes usen bienes confiscados en Cuba por la Revolución, llamada Título III fue suspendida por todos los presidentes desde que Bill Clinton la firmó hasta que Donald Trump asumió el cargo.

Rompiendo con la tradición, Trump la activó en 2019, abriendo la puerta a docenas de demandas, en su mayoría de herederos cubanos y estadounidenses de las empresas expropiadas en la década de 1960.